TIJUANA, BC.— La imagen que mostró el noticiero la noqueó. El 16 de junio, Reina Martínez se enteró por un canal local de la televisión de Tijuana que sus dos hijos estaban detenidos, acusados de secuestro. Los rostros de los jóvenes, de 26 y 24 años de edad, se veían hinchados, con moretones, pero en ello no repararon las cámaras que los enfocaban y exhibían como culpables, pese a que aún no existía alguna sentencia judicial que los inculpara.

Ese 16 de junio, Reina comenzó un peregrinar para encontrar a sus hijos. Su lógica la llevó a buscar en el Ministerio Público. La única respuesta que obtuvo fue que “no sabían en dónde estaban”. Después de insistir, le informaron que sus hijos estaban arraigados en un cuartel militar de Tijuana. Logró verlos varios días después. “Estaban golpeados. Uno de ellos no podía ni siquiera hablar, tenía muy lastimado el maxilar”.

Las palabras que le soltó el abogado de oficio la indignaron aún más: “Le recomiendo que no denuncie a derechos humanos, porque sus hijos van a seguir detenidos en el arraigo con los militares y les va a ir peor”.

Los hijos de Reina forman parte de una cifra que ya prendió las luces de alarma entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En lo que va de 2009, por lo menos 44 personas han sido arraigadas en Tijuana. Todas ellas han sufrido diferentes actos de tortura por parte de militares y autoridades municipales de la ciudad, de acuerdo con declaraciones de los propios detenidos, testimonios de familiares e investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales.

El arraigo y la tortura, aseguran representantes de organismos no gubernamentales, se han convertido en las principales herramientas de lo que el gobierno ha bautizado como “la lucha contra la delincuencia organizada”.

Por lo menos así está sucediendo en Tijuana, ciudad que registra “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”, señala Francisco Sánchez Corona, ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California y ahora coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH).

Lo que pasa en Tijuana, subraya el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, es una muestra de lo que sucede en otras partes del país, “prácticas realmente preocupantes”, porque se violan los derechos mínimos de las personas, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia.

Los casos de tortura en la ciudad de Tijuana ya fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, el pasado 5 de noviembre, por familiares de las víctimas y representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

Sin órdenes de aprehensión

Testimonios de familiares de las personas arraigadas y cartas escritas por los detenidos han llevado a las organizaciones civiles a señalar que existe una especie de modus operandi, para realizar la tortura al amparo del arraigo.

Las organizaciones han documentado que el Ejército está deteniendo a las personas sin contar con órdenes de aprehensión. “Detienen y luego tramitan la orden de arraigo”, menciona Francisco Sánchez Corona, del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos.

En todos los casos se les traslada a los cuarteles militares Morelos y El Aguaje de la Tuna de Tijuana, ambos pertenecientes al 28 Batallón de Infantería. Ahí se ha visto que existe el mismo patrón de abusos, explica Sánchez: “Son incomunicados por varios días, golpeados, se les trata de asfixiar con bolsas de plástico y se aplican descargas eléctricas”.

De acuerdo con testimonios de las víctimas, las violaciones a los derechos humanos son cometidas por militares, incluso, varios de ellos señalan que durante las sesiones de tortura a las que fueron sometidos estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez; el director de Policía y Tránsito de la ciudad, capitán Gustavo Huerta, y agentes del Ministerio Público federal.

El militar retirado Leyzaola y Gustavo Huerta están al frente de sus corporaciones desde el 2 de diciembre de 2008.

Tijuana es una de las ciudades en donde el Ejército mexicano, en coordinación con autoridades estatales y municipales, realiza operativos mixtos, como parte de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” que enarbola la administración federal.

La presencia de soldados en las calles de la ciudad de Tijuana, menciona Francisco Sánchez Corona, no ha ayudado a disminuir la delincuencia, “al contrario la violencia sigue galopante y se han incrementado las violaciones a los derechos humanos”.

Primero detienen, luego investigan

Entre las 44 personas que han sido arraigadas en Tijuana y que han presentado denuncias por tortura están policías municipales, agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia Estatal y civiles. Entre ellos, los hijos de Reina, así como Ramiro López (25 años) y Orlando Santaollaya (23 años), también acusados de secuestro.

Orlando y Ramiro aún sufren las secuelas de la tortura. Ramiro tiene problemas para caminar y perdió parte de la audición de su oído izquierdo.

Las organizaciones no gubernamentales han documentado que la tortura está teniendo dos finalidades: “que ellos se autoincriminen o que señalen a otros, porque mientras se les tortura se les muestra fotografías de personas, que ni siquiera conocen y se les pide que los identifiquen”, manifiesta Humberto Guerrero Rosales, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

“La lógica del sistema de justicia es que se investiga para detener a una persona, pero vemos que se detiene para después investigar, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia. Hay una violación al derecho al debido proceso y el acceso a la justicia”.

Para el activista, los 44 casos de Tijuana muestran que el arraigo y la tortura forman parte de una “práctica generalizada, porque no son casos excepcionales, producto de la indisciplina de unos cuantos miembros del Ejército, sino que, al parecer, se trata de una regla general de cómo están operando las autoridades para investigar los casos relacionados con la delincuencia organizada”.

A raíz de que las organizaciones presentaron los casos de Tijuana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han comenzado a recibir denuncias de otros lugares del país, como Tabasco y Tlaxcala, en donde se han arraigado y torturado a por lo menos 30 personas, tanto policías municipales como civiles acusados de tener nexos con la delincuencia organizada.

Bajo el escudo del arraigo

Desde que se aprobó la reforma al Sistema de Justicia Penal en 2008, diversas organizaciones advirtieron de los riesgos que tenía incorporar la figura del arraigo a la Constitución.

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo de una persona sin cargos, disponiendo de un máximo de 40 días (prorrogable a 80 días) para garantizar el éxito de la investigación.

A varios de los detenidos en Tijuana se les ha arraigado por más de 40 días. “El argumento del Estado para la reforma al Sistema de Justicia Penal fue que el arraigo era un mecanismo excepcional de investigación. Lo que estamos viendo, con todos estos casos es que no es excepcional, se ha convertido en una regla cotidiana para investigar”, resalta Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que el arraigo es una forma de “detención arbitraria”, durante la cual las personas son vulnerables a la tortura, por lo que han pedido su supresión. “Es una figura que viola los derechos humanos, porque se priva de la libertad a una persona, cuando no se cuenta con una acusación formal hacia ella”, explica Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional México.

En diferentes momentos, el gobierno mexicano ha defendido la práctica del arraigo. Así lo hizo en el Examen Periódico Universal, que se realizó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 10 de febrero, en donde se negó a revisarla, así como a la justicia militar.

Indiferencia y amenazas

Blanca Mesina no se mira de 26 años. Su determinación y coraje la hacen ver un poco mayor. En los últimos meses se ha convertido en la voz que denuncia la tortura que sufrieron 25 policías municipales, entre ellos su padre, Miguel Ángel Mesina López, quien era jefe de la Delegación de Policía de San Antonio de los Buenos en Tijuana.

Los 25 policías municipales fueron detenidos el 27 de marzo de 2009 y llevados al cuartel militar. “No supimos de ellos hasta cinco días después. Cuando vimos a mi papá, un militar estaba junto con nosotros, escuchando y anotando… Mi papá tenía un ojo muy rojo”.

Familiares de los detenidos intentaron denunciar los actos de tortura ante la Procuraduría Estatal y la Procuraduría General de la República, pero estas instancias no recibieron su queja.

Familiares de los arraigados entrevistados por EL UNIVERSAL señalan que cuando mencionaban los actos de tortura ante los ministerios públicos, las respuestas eran que “no hicieran tangos”, “que así es la disciplina militar”.

La indiferencia también la encontraron en la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, instancia que por ley debería velar porque no se ejerza la tortura. Blanca Mesina recuerda que ante su insistencia, el titular Heriberto García los recibió en su oficina: “Nos dijo que lo disculpáramos, que nuestras denuncias se habían traspapelado”.

Sin aplicar Protocolo de Estambul

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la historia se repitió. Familiares de policías municipales detenidos el pasado 15 de septiembre relatan que el visitador adjunto de la comisión, Iván José Curiel, se comprometió a verificar el estado de salud de uno de los detenidos. “Nos dijo que lo veía muy bien. Pero cuando fuimos a visitarlo, dos días después, lo encontramos con la cara hinchada, con muchos moretones”.

En ninguno de los casos denunciados, la CNDH ha aplicado el Protocolo de Estambul, peritaje especializado para rastrear secuelas físicas y psicológicas en las víctimas de tortura.

Denunciar la tortura no ha sido fácil para los familiares. A partir de que han levantado la voz han recibido amenazas. El 9 de noviembre, dos vehículos cerraron el paso a una de las denunciantes, cuando conducía por la zona centro de Tijuana. Un hombre le dijo: “Ya bájenle si no quieren que les pase algo”.

Luis Castellanos, hermano de un policía municipal arraigado, aclara que las familias no se oponen a que se investigue, “pero que se realice de acuerdo con el derecho. No que se torture y se les niegue el derecho a defenderse”.

Reina no desdeñalas amenazas. “Pero lo único que nos han dejado es el derecho a decir lo que está pasando. No han investigado correctamente, utilizan la tortura para que ellos digan que son culpables… Si nos callan, si nos matan, otros tendrán que hablar”.

claudiagomezd@eluniversal.com.mx