Hace 10 días, los diputados locales reformaron el artículo 150 del Código Penal, que establece que a la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá en libertad un tratamiento médico integral provisto por el estado y una multa de 75 días de salario.

Esa legislación precisa que sólo en el caso de reincidencia se le aplicará pena privativa de libertad de uno a cuatro años de prisión y multa de 100 días de salario mínimo.

Ayer, el mandatario presentó ante el Congreso del estado observaciones a una reciente reforma al Código Penal, con lo que busca despenalizar la interrupción del embarazo.

Herrera Beltrán aclaró que se pretende cancelar un párrafo del artículo 150 del Código Penal, a fin de eliminar la sanción de cárcel a las mujeres que incurren en esta práctica.

Con la iniciativa que envió el Ejecutivo estatal, se busca modificar la legislación aprobada hace 10 días, que establece una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 100 días de salario mínimo a las mujeres que aborten reincidentemente.

De aprobarse la modificación al segundo párrafo artículo 150 del Código Penal, quedaría así: “A la mujer que se provoque o consienta que se practique un aborto se le impondrá el tratamiento en libertad consistente en medidas educativas y de salud”.

PRI y PAN aprobaron sanciones

El pasado 17 de noviembre, con 37 votos a favor (del PRI y PAN) y seis en contra (PRD y PT), el pleno del Congreso local aprobó dicha reforma al Código Penal para disminuir las sanciones privativas en contra de las mujeres que se provoquen un aborto.

A propuesta del grupo legislativo del PAN, los diputados modificaron en esa ocasión un artículo de dicho Código Penal para ser más “benévolos” con la mujer que aborte y ofrecerle tratamiento médico.

Con las observaciones que presentó el mandatario, se busca eliminar por completo la cárcel como castigo para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

El gobernador dijo que decidió proponer estos cambios debido a que son muchos los factores que obligan a las mujeres a exponer su propia vida, muchas veces en condiciones clandestinas y sin contar con las medidas sanitarias mínimas que se requieren al momento de practicarse un aborto.

“Con el riesgo adicional de ser privadas de su libertad como consecuencia de un delito que se observa en la Ley Penal”, afirma la exposición de motivos que envió al Congreso.

Rechaza multas a primerizas

La iniciativa contempla no imponer multas económicas a quienes por primera vez incurran en un aborto, pero se establecerá en la ley una multa y la obligación de recibir una atención médica integral en caso de reincidir en esta práctica.

El Distrito Federal es la única entidad en la que se permite su práctica en las primeras 12 semanas de gestación.

Hasta ahora, los Congresos estatales que rechazaron el derecho al aborto son: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.