“No se puede culpar a las familias de ser disfuncionales cuando la crisis económica obliga a los padres y madres a trabajar dobles jornadas y a estar todo el día fuera de sus casa buscando el sustento”, dijo Quintana.

“Lo que están haciendo Calderón y Gómez Mont es tratar de justificar acciones represivas que emprendieron con el Ejército y que no han funcionado”.

El miércoles, el presidente Calderón afirmó que Juárez es el caso más emblemático por la violencia en sus calles, no sólo en contra de las mujeres, sino de hombres, en su mayoría adolescentes y jóvenes de familias disfuncionales.

“En esa violencia estructurada dentro del hogar germina, crece y florece la violencia social que tanto se está padeciendo en las calles de México”, dijo el Ejecutivo en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La semana pasada, el secretario de Gobernación afirmó que el gobierno busca la “reconstrucción del tejido social” en Juárez, donde diversos sectores sociales establecieron relaciones de “cooperación lícita” con grupos del crimen organizado que ahora se han vuelto en contra de ellos mismos.

El diputado Víctor Quintana dijo que el gobierno federal endosa su responsabilidad a la sociedad ante la falta de resultados en materia de seguridad.

“Que no traten de echar la culpa a las familias de la incapacidad de un modelo de crecimiento económico erróneo. No se puede hablar de familias disfuncionales cuando los jóvenes tienen que dejar de estudiar para buscar un empleo y ayudar a sostener a sus hermanos”.

El investigador y coordinador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Servando Pineda Jaimes, señaló que la sociedad juarense podría reconocer que toleró la existencia de bandas delincuenciales, pero fue el propio gobierno quien permitió su desarrollo y que acumulara poder, ya que decenas de elementos policiacos y militares se coludieron con los cárteles del narcotráfico.

Comerciantes consideraron que la diferencia entre la sociedad y las autoridades es que la primera no puede hacer nada en contra de las bandas organizadas, aún y cuando sepa de su existencia. En tanto que las corporaciones policiacas y el aparato gubernamental están obligados a prevenir, perseguir y castigar las conductas ilícitas de esos grupos.

Dirigentes del sector comercial de la frontera expresaron que el gobierno no puede corresponsabilizar a la gente de la calle por conocer los lugares donde existen “las tienditas” en las que se vende droga y no lo denuncie, “ya que todos sabemos también que la propia policía pasa dicha información a los delincuentes, quienes luego asesinan a los soplones”.

La Asociación Chihuahua por la Paz calificó de irresponsable que a dos años de declarada la guerra al narcotráfico, el gobierno federal esté redefiniendo el origen y la forma de atacar el problema.

Dijeron que no es correcto que ahora se atribuya a la familia y a la descomposición de la sociedad la magnitud del crimen organizado.