Con casi 60% de población indígena, el gobierno del estado aprobó nuevas normas para permitir que los maya-hablantes acusados cuenten con el auxilio de un traductor, agregó.

El director de la Defensoría Legal estatal dijo que los acusados cuentan con un nuevo esquema en la procuración e impartición de justicia, que pretende disminuir la posibilidad de que sean víctimas de errores judiciales.

Ortiz Matú dijo que entre las nuevas normas en favor de este segmento de la población está la Ley en Materia de Derecho y Cultura Maya, que procura su incorporación al desarrollo respetando sus usos y costumbres.

En dicho esquema, los jueces encargados de los casos tienen ventilarlos en la lengua de los acusados, conocer los usos y costumbres y la incorporación de instancias de apelación o de impugnaciones con especialistas en la materia indígena.

Según el defensor de oficio maya, Edilberto Sulub, las reformas penales protegen al indígena y con esto se evita que ocurran casos como el de Ricardo Ucán Seca, acusado de homicidio en el municipio de Akil, en el años 2000 y quien no contó con un abogado maya-hablante, por lo que su situación fue expuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, mediante una queja en contra del Estado mexicano.

Sobre este punto, el magistrado penal, Marcos Alejandro Celis Quintal, afirmó que debido al alto porcentaje de indígenas yucatecos, desde hace tiempo se les apoya en sus procesos con traducciones a cargo del Poder Judicial del estado.

Esa situación fue formalizada mediante reformas al Código Penal y Procesal Penal a iniciativa del Poder Judicial del estado.

Dijo que en la entidad existen 10 juzgados penales, dos de ellos en los municipios de Valladolid y Tekax, en los que se atienden al año 350 casos en que involucran a indígenas mayas.

Ortiz Matú, director de la Defensoría Legal de la Consejería Jurídica estatal, resaltó que en el área que encabeza prestan servicio 91 defensores de oficio, de los cuales 15 hablan o entienden la lengua maya.

El funcionario explicó que por ley, los abogados públicos toman cursos de capacitación sobre Derecho Indígena, Formación y Acreditación de interpretes en Lengua Maya en los ámbitos de Procuración de Justicia.

Dichos cursos de capacitación, detalló Ortiz Matú, son organizados por el Instituto de Desarrollo de los Mayas (Indemaya) y el Comité de Desarrollo Indígena, así como por la propia Consejería Jurídica del gobierno del estado de Yucatán.