La ejecución del reportero Bladimir Antuna García, del diario El Tiempo de Durango, es “otro recordatorio brutal de la precaria y peligrosa situación en la que trabajan los comunicadores mexicanos, en especial, aquellos que cubren crimen y corrupción”, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, se sumó a las exigencias de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, para que el gobierno esclarezca estos crímenes y haga efectivo su compromiso con la libertad de prensa.

En un comunicado, el comité —con sede en Nueva York— señaló que de acuerdo con sus investigaciones, “39 periodistas, incluyendo a Antuna, han sido asesinados desde 1992 en México. Por lo menos 17 fueron ultimados en represalia directa por su trabajo; siete reporteros han desaparecido desde 2005. La mayoría informaba sobre el crimen organizado o la corrupción gubernamental”.

De acuerdo con otras organizaciones y con el recuento de EL UNIVERSAL, sólo durante 2009 suman 12 los informadores asesinados en el país.

Lauría afirmó que “las autoridades mexicanas deben investigar de inmediato la muerte de Antuna —así como el resto de los crímenes contra periodistas—, a fin de llevar ante la ley a los responsables en un esfuerzo para probar su verdadero compromiso con la libertad de prensa y la protección de periodistas”.

Lamentó que en el caso de Antuna García, asesinado el 2 de noviembre, las autoridades no hayan tomado medidas ante las amenazas en su contra.

“Los colegas de Antuna revelaron que había recibido por lo menos tres amenazas de muerte en los últimos meses. La más reciente, detallaron al CPJ, fue una advertencia telefónica por parte de un individuo no identificado, quien explicó al reportero que no recibiría otra (...) En abril, hombres armados se acercaron a su hogar en la noche, pero no dispararon, según reveló un colega”.

A pesar de esta situación, a finales de octubre, la Cámara de Diputados decidió no renovar la integración de la comisión especial para el seguimiento de las agresiones contra la prensa, establecida en 2006, por lo que el CPJ instó al Congreso mexicano a demostrar su firme compromiso con la libertad de prensa, otorgando a las autoridades federales jurisdicción para investigar los crímenes contra la libertad de expresión, una reforma aún pendiente en esta Legislatura.

El CPJ destacó que investigará el crimen de Antuna García, que es el tercero de este año en Durango, para determinar el móvil , que apunta a represalias por su trabajo periodístico.

Detalló que el periodista había investigado el asesinato de su colega de El Tiempo de Durango, Carlos Ortega Samper, secuestrado el 3 de abril de manera similar y luego ejecutado a tiros, aunque “Antuna aún no había publicado la nota, señalaron sus compañeros del diario”.

Ante el aumento de agresiones a periodistas, se prevé que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) extienda una invitación a la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, quien podría visitar México en 2010, aunque aún no hay fecha definida.

Crece repudio en el gremio

Con un categórico: “¡Ya basta de tanta inseguridad e indolencia gubernamental!”, el coordinador del Club de Reporteros de Colima, Jorge Alberto Ruiz Chávez, repudió el asesinato de Antuna.

Dijo que quienes integran el medio periodístico de Colima se unen a los reclamos de mayores garantías y seguridad para los comunicadores del país, pues recordó que estos hechos que laceran a la actividad periodística “se han incrementado en el último año”.