TIJUANA, BC.— Militares apostados en Baja California son cooptados por bandas criminales, que a cambio de información sobre los operativos, supuestamente reciben pagos con recursos ilícitos.
Lo anterior se desprendió de información revelada al periódico local El Mexicano, en la que se especifica que esto se conoció debido a la declaración que realizó un presunto delincuente identificado como Édgar Zúñiga Nuño, a quien se vincula con la célula de Teodoro García Simental, supuesto enlace del cártel de Sinaloa en la ciudad.
Zúñiga Nuño El Mono fue detenido el pasado fin de semana junto con 12 sujetos, entre ellos dos menores de edad, en posesión de un arsenal, equipo táctico y uniformes similares a los que usan las fuerzas armadas, y cuatro vehículos pintados con camuflaje, como los del Ejército.
Tras la aprehensión de Zúñiga Nuño El Mono se logró la captura de otros individuos que fueron identificados como Alejandro Ignacio Corona Manzo, Gustavo Gil Díaz, Benjamín Cermeño Robles, Jesús Adolfo Lugo Quiroz, Leonardo Salvador Hernández García, Pablo Houston Barcelón, Juan Francisco Serrano Fonseca, Ricardo Ruiz Cano y Joaquín Hedderh Torres Roldán.
Ellos se encontraban en casas de seguridad cuya ubicación fue proporcionada por el detenido y estaban en posesión de tres mil cartuchos de armas de grueso calibre, cuatro vehículos pintados con colores similares a los que usa el Ejército, así como equipo táctico militar.
Camuflajeaban vehículos
En las casas de seguridad había un taller donde se modificaban y “arreglaban” los vehículos para darles características militares.
En sus primeras declaraciones, El Mono reveló que al menos media docena de militares les proporcionaban información y protección a la banda criminal de El Teo, a cambio de dinero.
El 16 de octubre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención y el arraigo de los militares Ray Alberto Rincón Macías y Antonio Ahumada Jiménez, por presuntos vínculos con el crimen organizado y, precisamente, por “vender” información castrense a bandas criminales.
La PGR confirmó que a ambos se les inició la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/2785/2009 y aunque las pesquisas no han concluido, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió darlos de baja de la institución desde octubre.
A los dos militares se les señaló como “probables responsables” del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y se les decretó un arraigo por 40 días, mismo que ordenó el juez séptimo de lo Penal.
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