VILLAHERMOSA, Tab.— A dos años de la devastadora inundación, los tabasqueños no se reponen en lo económico, en infraestructura pública ni en lo emocional. Persiste la zozobra, pues tampoco están a salvo de una tragedia similar por el retraso que registran las prometidas obras de protección contra fenómenos hidrometeorológicos.

Así lo admitieron las propias autoridades municipales, estatales y federales; no obstante, coincidieron en que Villahermosa quedará este año libre de otra calamidad, sólo por lo benévolo del clima al registrarse un déficit de lluvias superior a 70%.

Por ello, los niveles de los ríos “son bajos y seguros, con rangos por debajo de sus niveles críticos”, detalló la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Igualmente, los niveles de seguridad de las presas de Angostura y Malpaso, para estas fechas, están en sus niveles más bajos en 11 años, por lo que cuentan con suficiente capacidad de almacenamiento.

En octubre de 2007, en vísperas de la tragedia, se habían registrado precipitaciones de 648 milímetros, por lo que se sobrepasó 71% el promedio normal que es de 378 milímetros. En paralelo, los ríos estaban por arriba de sus escalas críticas y las presas hidroeléctricas ubicadas en el Alto Grijalva sobrepasaban los niveles de seguridad.

Conjugada la apertura de los vertedores de las presas con otras intensas lluvias registradas en ríos de la sierra tabasqueña, escurrimientos que llegaron por dos frentes a Villahermosa, desembocaron en la más severa contingencia registrada en la entidad.

Sólo 17% es zona segura

El diagnóstico “Las Inundaciones en Tabasco de octubre y noviembre de 2007: sus repercusiones en el municipio de Centro” —donde se ubica esta capital— señala que la contingencia puso de manifiesto que de los 325 kilómetros cuadrados del área urbana del municipio, la zona segura es de apenas 17%, y que los daños a bienes de la población e infraestructura pública ascendieron a casi 21 mil millones de pesos por la eventualidad.

El edil de Centro, Evaristo Hernández Cruz, concluyó que el problema se agravó, pues en el municipio se promovieron asentamientos, se autorizaron rellenos y modificaciones al entorno en sitios donde no debía hacerse. De la superficie municipal, 83% se encuentra en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad ante eventuales inundaciones.

En el diagnóstico, elaborado por el ayuntamiento, se precisa que de los 33 mil 215 millones de pesos en pérdidas y daños a la entidad provocados por la inundación de octubre y noviembre de 2007 —según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)—, cerca de 21 mil millones (64%) representaron las afectaciones a viviendas y enseres de la población, actividades productivas e infraestructura del municipio.

En la evaluación de los hechos se agrega que “el descuido, el desconocimiento, la improvisación y la desidia mostraron que en materia de planeación y especialmente desarrollo urbano, los gobernantes han sido ineficientes, negligentes, anárquicos, caprichosos y, a veces, hasta mercaderes de las necesidades sociales”.

Destacan los casos de las colonias Gaviotas y La Manga, que se vieron totalmente anegadas en asentamientos humanos, pues se ubicaron sobre una amplia superficie ejidal que, por añadidura, quedaba sumergida en el agua en temporadas de altas precipitaciones pluviales. La contingencia provocó que el campo, comercio y servicios se paralizaran, lo que ocasionó afectaciones al sector agropecuario y al resto de las actividades productivas por el orden de 12 mil 367 millones de pesos.

El costo que tuvo que afrontar el municipio de Centro para reparar los daños a su infraestructura —escuelas, parques, sistemas de alcantarillado y de agua potable, redes eléctricas y vía de comunicación, entre otros— sumaron 2 mil 257 millones de pesos.

En las colonias con mayores afectaciones por la inundación aún se observan los daños en calles, banquetas, alumbrado público y hasta servicios telefónicos.

Afectación sicológica

“El shock emocional alcanzó a los distintos grupos sociales, sometidos a efectos depresivos, durante el periodo del desastre”, enumera el estudio elaborado por el municipio.

Detalla que en ese lapso, familias sufrieron al estar en peligro de perder sus vidas, por la amenaza creciente del agua, algunas atrapadas por días en azoteas o en montículos, y por la separación de parientes al resultar insuficientes los refugios.

Dentro de este impacto se incluye a familias que padecieron la pérdida súbita de su patrimonio, así como a aquellas que si bien sus casas no se fueron al agua, sí fueron afectadas sicológicamente ante la amenaza de mayores desfogues en las presas, por la interrupción de servicios y quedar incomunicadas; por desabasto en centros comerciales y acto de pillaje a casas-habitación.

Para el edil de esta capital, aun cuando este año no se vaya a sufrir otra inundación, es importante insistir ante la Federación que se concluyan las obras anunciadas dentro del Plan Hídrico, para que “no nos pase lo que ocurrió después de 1999: que tan pronto vimos que no volvimos a inundarnos, se relajó todo y no volvimos a exigir que se hicieran las obras para protegernos”.