Hasta ahora se han aprobado reformas a las legislaciones locales llamadas antiaborto en Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Chihuahua.

Sólo en el Distrito Federal se ha aprobado la legislación en favor de los derechos de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y la maternidad.

En sesión del Congreso del estado, la diputada Graciela Treviño Garza presentó la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 249, entre otros, así como una adición a la Ley de Salud en Baja California Sur con lo que se concedería a la mujer el derecho de decidir si aborta o no en las primeras 12 semanas del embarazo y se reducirían las penas para aquellas que lo realicen después de este periodo.

Las modificaciones buscan tipificar el aborto como “la interrupción del embarazo después de la décimasegunda semana de gestación”, además de establecer que para los efectos del propio código, “el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.

“Al existir el plazo de las 12 semanas para que la mujer pueda ejercer su derecho a la libre decisión, a menos que aplique una causal legal, debe castigarse a quien realice una interrupción después de ese plazo”, expresó.

Consideró que ninguna mujer debe ir a la cárcel porque se encuentre en la circunstancia de “tener que decidir interrumpir el embarazo”, por lo que la iniciativa incluye que se reduzca la pena a entre dos y seis meses de prisión conmutable por trabajo en favor de la comunidad de entre 30 y 100 días.

Treviño Garza recalcó también que la reforma propuesta tiene un carácter ponderado y que “atiende al principio de razonabilidad”, dado que la vida en gestación sigue recibiendo la protección de la ley penal, al tiempo que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer, argumentó.

“El Estado no puede imponer de manera indiscriminada una penalización de la interrupción cuando el embarazo produce, a juicio de la mujer, una afectación de modo sustancial en sus derechos fundamentales”.

La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, y a la de la Familia y Asistencia Pública.