La reforma favorece la criminalización, es generadora de miedo y arroja a la mujer al aborto clandestino, dijo Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez.

“Quieren mandar a las mujeres a la muerte o a la cárcel”, acotó.

El 8 de mayo el Congreso local, por iniciativa del PAN, aprobó la modificación al artículo 1 de la Constitución local, el cual determina que “persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de sus derechos”.

Guanajuato, dijo Ángeles López, es parte de las 15 entidades en las que se han reformado las constituciones, dentro de la orquestación a nivel nacional de “reformas feminicidas”, así llamadas por grupos de mujeres.

En todo ello, “hay una intención muy clara de institucionalizar y constitucionalizar el temor sobre los cuerpos de las mujeres”, señaló la lideresa del centro Victoria Díez.

Amparos, “en la congeladora”

A partir de junio, 187 mujeres promovieron los amparos ante los juzgados primero de Guanajuato y cuarto y séptimo de León en contra de la ley antiaborto argumentando la violación a los artículos 1 y 4 de la Constitución federal y tratados internacionales. Señalan como autoridades responsables al Congreso del estado, al gobernador Juan Manuel Oliva, al director del periódico oficial y a los 46 ayuntamientos de la entidad.

“Pretendemos acreditar que la reforma es inconstitucional porque lo que consagra es una creencia religiosa: que un óvulo fecundado por un espermatozoide es considerado persona” y que además, “no puede establecerse en la Constitución”, estableció la activista Ángeles López.

Las mujeres presentaron argumentaciones jurídicas basadas en instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, para acreditar que la reforma está alejada de estas recomendaciones y de estos instrumentos.

Revés legal

La reforma al 1 constitucional da al traste con la interrupción legal de embarazo a causa de violación, establecida en el artículo 163 del Código Penal de Guanajuato, debido a que ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución local.

Ello trae como consecuencia la penalización del aborto, sin importar la circunstancia y “es en forma abierta un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Ángeles López explicó que a diferencia de las modificaciones constitucionales en cada entidad, en donde señalan que dejan a salvo las “causales (de aborto legal)”, en Guanajuato la reforma no tomó en cuenta nada.

Antes de la aprobación de la denominada ley antiaborto, siete mujeres fueron condenadas a prisión por el delito de aborto, de acuerdo a la información del portal de transparencia de gobierno del estado.

De 23 casos investigados entre 2006 y 2008 por la Procuraduría estatal, 16 fueron denunciados por médicos.