Durante 15 años, Procampo, el programa insigne del gobierno mexicano para fortalecer a productores de granos y oleaginosas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no solamente fracasó, sino que permitió la desviación de recursos y abrió ventanas al clientelismo político.

Desde su creación, en 1994, el gobierno federal ejerció 171 mil millones de pesos que, al final, lograron efectos contrarios a lo pretendido: la pobreza de millones de campesinos es mayor a la de entonces y no existe evidencia contundente para demostrar crecimiento entre los grandes productores, beneficiados con casi 80% de ese capital, señalan analistas consultados.

Además de propósitos incumplidos, Procampo beneficia desde su concepción a políticos, gobernantes y funcionarios vinculados a la entrega de los subsidios, así como a narcotraficantes y familiares de todos ellos.

Esto fue posible porque la reglamentación del programa presentó ambigüedades y relajamientos, sostiene Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien ha concluido un análisis llamado “Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada”.

“Aunque Procampo nació con un mandato explícito de transparencia y combate a la corrupción, lo cierto es que desde sus orígenes hubo muchas ventanas de oportunidad para la captura y el uso político de los subsidios, y muy pocas para la vigilancia pública sobre la integración del padrón y sobre las modalidades de pago de los apoyos”, afirma.

Inequidad y pobreza

Los informes obtenidos por Mauricio Merino reparan en la desigualdad con la que se han repartido los recursos, lo que explicaría en parte el fracaso de dicho programa.

De los 171 mil millones de pesos asignados a productores entre 1994 y 2008 a través de Procampo y el subprograma Ingreso Objetivo, la mayor parte se concentró en unos cuantos.

“El primer 10% de beneficiarios de esos subsidios (543 mil 970 productores) ha obtenido 57% del total de esos recursos: casi 96 mil millones de pesos para una distribución de 176 mil 502 pesos por productor”, precisa.

“El dato cobra toda su dimensión si se subraya que el primer 1% de beneficiarios, formado por 54 mil 397 productores (la mayoría de Sinaloa y Tamaulipas), ha obtenido 38 mil 558 millones de pesos, para una distribución per cápita de 708 mil 826 pesos”.

En cambio, 80% de los productores con menos de cinco hectáreas han recibido 27% de los subsidios, unos 46 mil millones de pesos, que les dejó en 14 años 10 mil 600 pesos por individuo.

Procampo, cuyo fundamento era “transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales” para “mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales, y modernizar el sistema de comercialización”, terminó, en el mejor de los casos, como un programa asistencial para los minifundistas.

“Al final, Procampo no deja de ser un ingreso para el productor, y en el tema de los productores pequeños, viene a formar parte de su ingreso familiar, de su alimentación. El objetivo de la compensación y de apoyar la productividad del campo empezó a tener una vertiente más social”, considera Luis Fernando Haro, coordinador de asesores del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El CNA ha mantenido un mismo nivel de crítica desde el comienzo de Procampo, lo mismo que la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En verano de 2006, la CNC, uno de los pilares históricos del PRI, emitió por ejemplo un comunicado de prensa para subrayar la desprotección en la que se encontraba el campo, un año y cuatro meses antes de abrirse totalmente la frontera del norte a la importación de alimentos, tal y como lo marca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Para enfrentar a estos competidores (estadounidenses y canadienses), los productores mexicanos carecemos de tecnologías, de insumos accesibles, de equipamiento y de crédito”, decía el documento.

Los campesinos poseedores de menos de cinco hectáreas representan, en efecto, una mayoría del sector, pero contrariamente son quienes menos apoyo reciben del gobierno.

De acuerdo con la Central Campesina Cardenista (CCC), los pequeños productores representan 90% del total, y para ellos Procampo “constituye el piso de subsistencia con una agricultura tradicional y de baja productividad”.

Para sustentar tal afirmación, la CCC refiere una encuesta levantada por Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), “la cual revela que 42.4% de los productores señalaron que destinan los recursos que reciben a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y fertilizantes”.

Como resultado, en 14 años de prevalencia del programa, la superficie sembrada de granos básicos disminuyó 1.2 millones de hectáreas, y entre 1994 y 2003, la cuota de Procampo sufrió un deterioro de 23%, asegura ese organismo.

“Lo anterior significa que Procampo y otros instrumentos de apoyo a la agricultura no han constituido un verdadero incentivo para los productores a fin de incrementar la superficie sembrada de granos básicos y aumentar su producción”.

En los hechos, la idea de fortalecimiento del campo se desvaneció en 1995, al año siguiente de iniciarse Procampo, dice Fernando Haro, coordinador de consejeros del CNA.

“En 1995 viene el problema de la crisis y ese instrumento (Procampo), que se diseñó como un posible compensador de asimetrías, perdió su objetivo. Así las cosas, el monto por hectárea se fue perdiendo en el tiempo porque nunca se fue actualizando y ya nada fue igual”, explica.

Las lecturas adversas que hacen esas organizaciones campesinas encierran, por lo menos, algo de hipocresía.

De acuerdo con la investigación de Mauricio Merino, todas ellas influyeron notablemente en la elaboración del padrón inicial de Procampo (que en tres lustros se mantiene casi igual), dejando fuera a muchos pequeños productores e incluyendo a poderosos de la política y el crimen organizado.

Padrón sospechoso

José Octavio López Presa, primer director de Procampo, hizo referencia a ello en una entrevista concedida a Merino.

“Tras la organización inicial del programa, no sólo hubo una tensión manifiesta entre las grandes organizaciones de campesinos y productores que intentaron (y lograron) que sus agremiados fueran inscritos en el padrón”, escribe el investigador, a partir de su entrevista con el ex funcionario.

Las presiones no solamente provinieron de fuera. López Presa cuenta a EL UNIVERSAL que, un mes antes de las elecciones federales de ese año, “un alto funcionario muy cercano al secretario (de Agricultura, Carlos Hank González) se atrevió a proponer que se beneficiara a los municipios gobernados por el PRI”.

La reunión a la que se refiere se realizó en junio de 1994 en Oaxtepec. Participaron en ella representantes agrarios, además de funcionarios federales. López Presa no solamente se opuso a tal sugerencia, sino que envió al día siguiente un correo electrónico en el que ordenaba que bajo ningún motivo se utilizara Procampo con fines electorales. Horas más tarde fue despedido.

Quien lo notificó de la decisión de Hank González, dice la investigación de Merino, fue el entonces subsecretario Luis Téllez Kuenzler.

Fuera de la secretaría, el investigador del CIDE identifica a Jorge Kondo López, actual secretario de Agricultura de Sinaloa, como otro de los personajes centrales en aquellas presiones por imponer agremiados en el padrón del Procampo.

Kondo, entonces vicepresidente de una de las carteras del CNA y presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), figura 89 veces en la lista de beneficiarios del programa Procampo, de acuerdo con la página subsidiosalcampo.org.mx.

Lo mismo que él, la investigación de Mauricio Merino identifica otros 371 nombres y registros individuales que cobraron subsidios todavía en 2008, y cuya identidad coincide plenamente con la de funcionarios públicos vinculados con la operación de los programas.

“De ellos, estamos seguros de la coincidencia en 292 casos (131 de posibles funcionarios federales, y 161 estatales)”, refiere el investigador.

En la página de subsidios al campo, elaborada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, aparece como uno de los mayores beneficiarios el diputado federal por el PRI Jesús Manuel Patrón Montalvo, con 131 registros. Los pagos totales que recibió por concepto de Procampo e Ingreso Objetivo durante 14 años, hasta 2008, suman 12 millones 270 mil 763 pesos.

Patrón, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, es un reconocido empresario del ramo agroindustrial en Sinaloa. El múltiple registro que tiene dentro del padrón es extraordinario, lo mismo que el monto de dinero que ha obtenido. El diputado no quiso sin embargo responder a una solicitud de entrevista para este trabajo.

En relación con el diseño de Procampo, señala la diputada por el PRD Nora Ruvalcaba Gámez, “se han confabulado la corrupción, el tráfico de influencias y, por supuesto, el clientelismo. Estas son las razones por las que ocurre este destino ilícito de ciertas personas”.

Los narcos también

En 2007, la congresista efectuó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o familiares directos de ellos.

“Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes, en el municipio de El Llano, se descubrió un narcoinvernadero y nos pareció increíble que alguna otra autoridad, diferente a la que lo evidenció, no se haya dado cuenta. Nos metimos a verificar y, ¡oh sorpresa!: el empresario era beneficiario de Procampo”, establece la legisladora.

Dos años después de aquella exhibición irregular, ninguna autoridad, ni el Congreso mismo, operó para iniciar un proceso de depuración del padrón, asegura Nora Ruvalcaba.

“Esto nos sirve para demostrar la ineficiencia brutal de los gobiernos y sus programas, como el Procampo, que fue creado para generar condiciones para competir con el de Estados Unidos y Canadá, y vemos cómo a 15 años es un fracaso gracias a estos vicios que impiden la eficacia de las instituciones”, señala la perredista.

En todo caso, agrega la diputada, Procampo ha servido como “camuflaje perfecto” para los grandes cultivadores de droga.

Con base en documentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Ruvalcaba elaboró su lista de narcotraficantes y sus familiares subsidiados con dinero público.

Entre ellos menciona a Jaime Quintero Páez, hermano de Lamberto Quintero Páez; a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al “último de sus suegros”, Inés Coronel Barreras.

Igualmente, enlista entre los beneficiarios a Alfredo Beltrán Leyva, y a familiares directos de Margarita Cázares Salazar, Ernesto El Güero Palma, Luis Valencia Valencia, líder del “cártel del Milenio”, y a Jesús Raúl Beltrán Uriarte, “principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal”.

La razón por la cual personajes señalados por las instancias federales como miembros de la delincuencia organizada figuran en el padrón, de ninguna manera constituye delito o quebranto de las normas establecidas por Procampo, sostiene Jorge Kondo López.

“El único criterio aplicado fue que las personas tuvieran tierras de cultivos lícitos, nunca se les cuestionó su calidad moral”, dice.

Kondo niega haber influido en la elaboración de ese primer padrón del programa, aunque López Presa, el primero de los coordinadores de Procampo, aseguró lo contrario en la entrevista con el investigador del CIDE.

Dinero en el limbo

Kondo refiere que Procampo tuvo un objetivo concreto, que era el de aminorar “asimetrías” que se tenían con respecto a los productores de Canadá y Estados Unidos.

El plan, sin embargo, fracasó: México, sostiene, ocupa hoy una posición por debajo de la que ostentaba antes del Tratado de Libre Comercio.

“No hay que perder de vista esto que digo: Procampo fue creado para compensar las asimetrías, y como esas asimetrías persisten, Procampo debe seguir”, señala el funcionario de Sinaloa.

Los 15 años del programa no vieron impacto positivo en la producción de granos. Los indicadores de Aserca así lo demuestran:

La producción de maíz era de 2.2 toneladas por hectárea en 1994, y en 2004 fue de 2.4 toneladas por esa misma superficie. Es la misma suerte de otros granos, como el trigo, que en 1994 era de 3.0 toneladas por hectárea y una década más tarde apenas subió a 3.6 toneladas. O el cártamo, que fue de 1.1 toneladas a 1.5 toneladas por hectárea tras 10 años de apoyos.

La causa de ese nivel empobrecido es la ausencia de herramientas para medir la eficacia de la ayuda, ha concluido la Auditoría Superior de la Federación. Pero no es el único cabo suelto de este enorme rompecabezas que es Procampo.

“Creemos que la oscuridad en la información sobre los programas que nos interesan no solamente ha sido un defecto derivado de su diseño ambiguo e impreciso o de una mala operación burocrática luego de tres lustros, sino que ha sido un atributo funcional para establecer redes y negociaciones políticas que han mantenido a salvo esos programas, aun a despecho del fracaso evidente de sus resultados”, dice Merino.

Por eso, el investigador se plantea una pregunta básica, que exhibe el descontrol no sólo del programa, sino del sistema operativo del gobierno:

“¿Cuántos productores están recibiendo dineros sin sembrar ni cosechar sus tierras, cuántos están capturados por intermediarios burocráticos o políticos (…) y cuántos están agrupados en redes clientelares bajo las siglas de grandes organizaciones agrarias y campesinas del país? Nadie lo sabe a ciencia cierta”.