El gobierno federal debe considerar la opción de solicitar asistencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enfrentar a la delincuencia organizada, pues hechos como el asesinato del activista Benjamín F. Le Barón, representan un retroceso a un Estado premoderno, afirmó Ernesto López Portillo, consultor en temas de seguridad.

El también director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) sostuvo que la forma en que fue asesinado Le Barón, y la aparición de grupos como los mata-zetas, que anunciaron en YouTube su intención de acabar con los zetas, son “evidencia contundente” de que la estrategia de lucha contra el crimen organizado está colapsada.

“La delincuencia ingresa al terreno público y nos informa que tiene el poder de matar a los ciudadanos, incluso a aquellos (como Le Barón) que han adoptado una militancia visible para combatir estos hechos. El Estado se desdibuja y pierde cada día, a la vista de todos, su capacidad de contener la violencia”, afirmó.

El especialista explicó que los hechos violentos con alta visibilidad, como el asesinato de Le Barón y su cuñado Luis Carlos Widmar Stubbs, tienen un impacto de difusión del temor que puede llegar a ser de alcance nacional, por lo que recomendó al presidente Felipe Calderón solicitar la asistencia técnica de la ONU.

“El Presidente cometería un grave error, de consecuencias incalculables, si no revisa su modelo, pensando incluso en la necesidad de hacer un llamado, con la aprobación del Senado, de asistencia internacional, que no implica intervención militar, sino asesoría técnica”, precisó López.

Destacó que este mecanismo ha sido utilizado por otros países que han enfrentado emergencias en materia de seguridad pública, como Irlanda del Norte, Sudáfrica, Colombia y Venezuela, ante la incapacidad del Estado de contener la violencia.

En este escenario, dijo, de no adoptarse medidas radicales y cambiar la estrategia contra la delincuencia organizada, se corre el riesgo de que, en el corto plazo, los grupos que están ejerciendo la violencia se multipliquen y el fenómeno siga reproduciéndose.

Total impunidad

El también especialista en temas de seguridad, Ernesto Mendieta Jiménez, sostuvo que el asesinato el activista evidencia que los grupos de la delincuencia en el país funcionan en un ambiente de total impunidad.

“No tienen un catálogo de riesgos que les haga pensar que pueden ser identificados, perseguidos y sancionados y actúan con la seguridad de que no hay costos en su forma de operar”, lamentó Mendieta.