En 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la ley antiaborto se debe regular en las entidades federativas.

A la fecha, ha sido aprobada en Baja California, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Sonora. En San Luis Potosí y Querétaro fue propuesta, pero está congelada.

Para la SCJN, la protección de la vida desde su concepción excede lo establecido en la legislación federal y los tratados internacionales, pues no hay un texto que así lo precise. La falta de claridad al respecto, afirma, no es azarosa, pues se coincide en que la protección va enfocada sólo a que no se prive de manera arbitraria de la vida ni se aplique la pena de muerte.

Inicia el jaloneo en Michoacán

Sobre la iniciativa de la ley antiaborto, el presidente de la Comisión de Salud en la cámara de diputados local, Martín Cardona Mendoza, dijo que la determinación de practicar un aborto en casos extremos, corresponde sólo a la embarazada.

El diputado perredista, Raúl Morón Orozco, fue evasivo en sus respuestas, pero sugirió que se podría interrumpir el embarazo en casos particulares.

El panista Francisco Morelos Borja, quien presentará la propuesta de reforma, aseveró que desde el momento de la concepción se debe garantizar la vida como el mayor de los derechos y confió en que su propuesta la avale el tricolor.

El derecho a la vida, dijo, es el deseo de al menos 68% de los mexicanos, es decir, más de la mitad de la población rechaza el aborto y aclaró que buscan llevar este debate a un nivel científico, no dogmático, “ni somos mensajeros de credos religiosos”. Y fue más allá al comparar el aborto con la pena de muerte y por lo mismo, dijo, estar en contra de la ley.

Finalmente, reconoció el riesgo de que al aprobar la reforma se incrementen los casos de abortos clandestinos, pero será un tema a discutir en comisiones. La posición del priísta y el perredista fue de mesura al evadir preguntas, sobre todo las relacionadas con el tema electoral.