El titular del organismo, Francisco Javier Sánchez Corona, emitió la recomendación 16/08 dirigida al gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán (PAN), a la presidencia del Congreso local y al Poder Judicial, al advertir que la población carcelaria sigue bajo riesgo.

La recomendación, de ocho puntos, reclama que se dé vista de las investigaciones al Ministerio Público Federal para que, a su vez, indague si existe responsabilidad de las corporaciones policiacas que intervinieron para sofocar las revueltas.

El 14 de septiembre, un grupo de internos se amotinó para exigir el cese de custodios, a quienes acusaron de torturar y matar a otro recluso por tener un celular que no había sido proporcionado por los vigilantes. También denunciaron que los abusos eran una práctica cotidiana.

Ante la respuesta de supuestas represalias de las autoridades, tres días después, el 17 de septiembre, se registró un segundo estallido con saldo de 26 reclusos muertos, así como dos intentos de fuga.

Por ello, la PDH pidió la aplicación de “medidas directas para evitar más violaciones a los derechos humanos y agotar los procedimientos para la aprehensión de los responsables de la tortura y muerte de internos”.

Sánchez Corona exigió que se continúe con las pesquisas sobre las revueltas.

Dijo que con base en las averiguaciones previas 250/08/201/AP y 256/08/201/AP, se investiga la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, evasión de reos y lo que resulte.

Asimismo, destaca la detención de dos custodios prófugos, Marco Antonio Ibarra Chávez y Daniel Ibarra Pérez.