Se aplicaría sólo a delincuentes considerados sanguinarios, altamente peligrosos e incorregibles.

Sobre el tema, señala el jurista Ignacio Villalobos: “A la pena de muerte se le puede considerar justa, eliminatoria y selectiva”.

En los considerandos de su propuesta, Moreira indica que en la Constitución de 1917 se establece la pena máxima a plagiarios y otros delincuentes.

A fin de que los estados y el Congreso de la Unión puedan incluir en sus ordenamientos penales y dentro de su ámbito de competencia la sanción de la pena capital, propone adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: “...queda prohibida la aplicación de la pena de muerte y solo podrá imponerse tratándose del homicidio que se cometa con motivo de un secuestro, en los términos de la legislación penal aplicable”.

Y adecua el segundo párrafo del artículo 14, que diría: “...nadie podrá ser privado de la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

El secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, entregó la iniciativa de 14 cuartillas al coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo local, Francisco Saracho Navarro.

“No es posible que continuemos actuando en defensa y protección de los derechos humanos de criminales y cada vez aumentemos más las obligaciones de los ciudadanos honestos”, expone la iniciativa que será analizada y dictaminada en las comisiones unidas de Gobernación y Justicia.

“El dictamen se presentará a la sesión plenaria del martes y los 20 diputados del PRI la vamos a aprobar”, aseguró Saracho.