Considerado como el megaproyecto del sexenio del presidente Felipe Calderón, la nueva refinería abrió el apetito de al menos siete gobernadores que buscan que su construcción se realice en patio propio.

Y no es para menos, el impacto de un proyecto de esta naturaleza en las economías locales, tanto en términos de recursos frescos, empleo y su efecto en cadena en el resto de la actividad productiva, es sumamente considerable. Sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una inversión calculada en poco más de 10 mil millones de dólares a desembolsar en un periodo de cuatro a cinco años.

La entidad federativa que sea elegida para iniciar la construcción dispondrá de manera inmediata de 12 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización Petrolera, lo que podría ayudar a elevar las tasas de ocupación laboral en la región donde se construya.

De esa cantidad, unos 2 mil 430 millones son para licitar entre firmas consultoras y de ingeniería los estudios correspondientes. En esta primera fase se daría empleo a 900 o mil personas entre 2009 y 2010.

El resto de los recursos provendrán de los presupuestos asignables, de la emisión de bonos en los mercados financieros, de los bonos ciudadanos y de mayor deuda.

Para la infraestructura productiva del complejo está programada una derrama de 8 mil 171 millones de dólares, es decir, la fase de construcción favorecerá a un número importante de proveedores y contratistas a partir de 2010, según el estudio de viabilidad que presentó Pemex, con el consecuente impacto en la creación de 9 mil o 10 mil 500 empleos para edificar la mole de hierro.

Otros 36 mil 800 empleados habrán de generarse con la creación de servicios adicionales requeridos en la fase de construcción y que se consideran mano de obra indirecta.

Esto supone, que independientemente de que pueda elevarse la capacidad de refinación de México en 19% en los próximos años, puedan reducirse la importación de gasolinas en 140 mil barriles diarios (hoy supera los 340 mil barriles) y la balanza negativa de petrolíferos en 6 mil millones de dólares en 2016, el atractivo para el gobierno estatal que sea elegido es evidente.

El gobierno federal, Pemex y la Secretaría de Energía motivaron el interés de los gobernadores desde el momento en que dieron a conocer las ubicaciones potenciales al presentar el Estudio de Viabilidad para Construir una Nueva Refinería en México: Cadereyta, Nuevo León; Campeche, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; La Cangrejera-Minatitlán y Tuxpan, Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo. Todos los estudios que Pemex ha realizando desde 2005, apuntan a que la mejor opción es Tuxpan.