OSTUACÁN, Chis.— Hacinados en reducidas e inhabitables “casas”, los refugiados ambientales provenientes de Juan de Grijalva cumplieron un año no sólo de sufrir la tragedia donde perdieron a sus familiares y su propio entorno, sino también de la incumplida promesa de contar con una vivienda digna con todos los servicios en una llamada ciudad rural.

Para estos desplazados, cada día que transcurre la vida es más pesada, pues siguen sin acostumbrarse a compartir baños, cocinas y espacios comunes, luego de que vivían holgadamente, al aire libre, en casas con amplios terrenos.

Los obligaron a dejar el campo abierto, donde estaban sus hogares y tierras, y la maravillosa vista del traicionero Grijalva, para asentarse en parques y espacios públicos de esta cabecera municipal del norte del estado, donde física y emocionalmente mueren lentamente.

El dolor emana a cada momento entre los ex vecinos de Juan de Grijalva, al recordar el drama vivido la noche del 4 de noviembre de 2007, cuando la gigantesca ola del río Grijalva, provocada por un alud que se desprendió de la montaña, sepultó a 25 de sus familiares, junto con el patrimonio de toda una vida.

Junto con los habitantes de Juan de Grijalva, en esta cabecera municipal, también viven un total de mil 700 refugiados de las comunidades de Nuevo Sayula y La Laja, evacuados de sus comunidades por estar asentados en zonas de riesgo del río Grijalva.

Todos aguardan

Todos están en espera de las 508 viviendas que se construyen en las 80 hectáreas de la ciudad rural que se denominará Nuevo Juan de Grijalva, ubicada a 10 kilómetros de esta ciudad, a 20 kilómetros de donde se registró el desgajamiento del cerro La Pera hace un año y en donde los católicos de esa comunidad celebraron este martes una misa por los fallecidos.

Un funcionario del ayuntamiento estimó que difícilmente el gobierno chiapaneco culminará en este mes las casas que les prometieron a los desplazados de Juan de Grijalva.

Aunque en el Nuevo Juan de Grijalva primero se entregarían 28 viviendas a quienes perdieron todo su patrimonio arrastrado al fondo del río, difícilmente pueden cumplirles, pues las casas que ya están más avanzadas, no sólo carecen de muchos detalles, sino que tampoco se han iniciado las obras del drenaje, planta potabilizadora, red de suministro del líquido y las obras de electrificación subterránea de esa comunidad.

En el futuro nuevo poblado, lo que sí está concluido es la clínica de salud y las canchas de basquetbol, porque fueron construidas por empresas privadas que donaron esas obras.

Quejas al orden del día

Las amas de casa que habitan los módulos en donde las autoridades confinaron a los habitantes de Juan de Grijalva, Nuevo Sayula y La Laja, denuncian que cada vez las autoridades les surten menos víveres, por lo que se ven obligados a comprar alimentos. Igualmente ocurre con el gas para la cocina común.

Doña Guadalupe Cruz Mejía, quien perdió a su esposo y a dos de sus cinco hijos en la tragedia, se queja de que en realidad se ven obligados a vivir en estas improvisadas e incómodas casas, “pues si viviera mi esposo estuviéramos en otro lugar donde se tuviera privacidad”.

Afirma que ya les surten poca comida y gas. Y aunque quieran comer otra cosa no pueden, por tener prohibido cocinar en las “casitas”.

“Queremos nuestras casas, para que cada quien pueda vivir tranquilo con su familia, comer y convivir juntos, donde cada quien pueda cocinar a su gusto. Pero qué le vamos a hacer”, se lamenta.