Ya lo dijo a EL UNIVERSAL Andrés Calero, tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “La lucha de cárteles es el principal motivo por el que se han registrado los motines y enfrentamientos armados en el último mes en los penales de Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y ahora en Reynosa”.

Todo lo cual se agrava por la sobrepoblación y las deficiencias en la seguridad que facilitan el ingreso de drogas y armas.

Un mapeo de los penales en disputa refleja que están situados justo donde la guerra entre cárteles es más cruenta: Reynosa, Sinaloa, Mazatlán, Matamoros, Tijuana, Monterrey, Tabasco y estado de México.

Las escenas de la propaganda oficial, en las que se ve a las bandas de delincuentes detenidos, con sus armas decomisadas y sus rostros generalmente golpeados, pretenden inducir en la ciudadanía la tranquilidad de que éstos, ya fuera de circulación, enfrentarán pasivamente su condena y no harán daño a nadie más. Craso error.

El incremento de detenciones durante el último año ha acelerado los motines, dándose el caso de que llegan a las prisiones grandes enemigos, con viejas rencillas, odios atávicos y un enorme poder de fuego. Las bajas tras cada refriega deben ir al contador de muertes por narco que elaboran medios y el gobierno federal.

La fragilidad del sistema nacional de penales, socavado por la corrupción, permite que sicarios, narcomenudistas o capos de todo nivel, que se encuentran presos, continúen con su vida delictiva, aunque en un entorno mucho más peligroso, por reducido y hacinado.