liliana.alcantara@eluniversal.com.mxXOXOCOTLA, Mor.— Abel Montes fue detenido en su casa por elementos de la Policía Federal que ingresaron por la fuerza y a gritos. Amagado, lo subieron a una camioneta donde lo mantuvieron en el suelo, con la cara pegada al piso. Ahí estaban amontonados otros 15 detenidos y sobre ellos, pisándolos con sus botas, los agentes federales.
Todos, habitantes de Xoxocotla, fueron trasladados a los separos de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, en Cuernavaca; ignoraban el motivo de su detención.
Ese 9 de octubre, policías estatales y federal realizaron un operativo para disolver las manifestaciones de maestros que bloquearon tramos de las carreteras Cuernavaca-Zacatepec y Cuautla-Izúcar de Matamoros.
Ese mismo día, pobladores de Xoxocotla retuvieron a cuatro policías federales y amenazaron con lincharlos sino liberaban a los detenidos. Los cargos que les imputaron son ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, ultrajes a la autoridad, resistencia de particulares, motín, sabotaje, estorbo del aprovechamiento de bienes de uso común, contra la seguridad de tránsito de vehículos, asociación delictuosa y lo que resulte.
En testimonios recabados por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), la Policía Federal violó las garantías fundamentales de los pobladores de Xoxocotla durante el operativo y aseguró que se cometieron tres casos de tortura, por lo menos 10 cateos ilegales y 16 detenciones arbitrarias, además de robos y daños a la salud de niños y mujeres que caminaban por la calle cuando comenzaron a lanzar gas lacrimógenos desde un helicóptero.
En esta comunidad indígena hay visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes recaban testimonios para documentar los abusos de autoridad denunciados por los habitantes, quienes aseguran que se cometió una injusticia.
Al igual que Abel Montes, los integrantes de la CIDH constataron que todos los detenidos tenían huellas de golpes propinados con toletes por los agentes.