Casi cinco meses después de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), maestros disidentes y de las llamadas secciones “institucionales” provenientes de 13 entidades del país se manifestaron y enfrentaron a la Policía Federal (PF) y granaderos del Distrito Federal en la Secretaría de Gobernación, en una marcha de casi siete horas.

La manifestación tuvo por objeto plantear el rechazo definitivo y “rebeldía” a ese acuerdo establecido entre el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa y la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.

Para demandar la cancelación inmediata de la alianza, establecieron un plantón representativo en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al tiempo que presentarán un pliego petitorio de cinco puntos ante la Secretaría de Gobernación, una vez que se entrevisten con el subsecretario Abraham González, y que hasta el cierre de esta edición se estimaba se realizaría por la madrugada, ya que el funcionario acudió a las negociaciones en Morelos.

En otras cinco entidades, los maestros intensificaron marchas y plantones para demandar a las autoridades estatales y a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, dar marcha atrás al acuerdo, al tiempo que exigieron la renuncia de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo.

En la Secretaría de Gobernación los manifestantes pretendieron entregar un pliego petitorio en el que, en principio, demandan la solución al conflicto magisterial en Morelos, fortalecido con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los padres de familia en esa entidad, al cumplirse este día 53 días de suspensión de clases, así como el “cese de la represión policiaca” contra la movilizaciones en ese estado.

En el segundo punto plantean que existen argumentos “filosóficos y pedagógicos de que no podemos aplicar la alianza”; en el tercero, la abrogación de la Ley del ISSSTE; en el cuarto, revisar todos los conflictos producto de la elección de los líderes sindicales, en el que incluyen el desconocimiento a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo; y el último punto, demandan mayor presupuesto a la educación y al gasto social, frente a los recursos que se destinen a la seguridad pública, “porque eso es una apuesta para hacer más cárceles y la militarización del país”, explicó Artemio Ortiz, líder de la sección 18 de Michoacán e integrante de la dirigencia nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Vázquez Mota dijo en entrevista radiofónica que sin “desestimar la parte educativa que nos corresponde, éste es un movimiento que nosotros tenemos la impresión que tiene otro tipo de propósitos, intereses que no están en la agenda educativa y requieren una intervención mucho más coordinada, como se ha venido dando, que no está en este terreno”.

El “trasfondo” de la manifestación que ocasionó caso vial, suspensión del servicio de transporte público y la molestia de miles de capitalinos y comerciantes ante el paso de los manifestantes por avenidas como Reforma, Bucareli, Chapultepec, Lázaro Cárdenas, Madero, la plancha del Zócalo, hasta Brasil, donde se quedaron en “plantón representativo” ante la SEP, dijo la secretaria, es “de manera muy clara, la venta de plazas, es la demanda que está detrás”.

Anunció que para el caso de Morelos, 5 mil profesores ya regresaron a las aulas (de un total del 23 mil) y que “se contratarán a 3 mil profesores más que pasaron el concurso de oposición a nivel nacional”, para que se inicien las clases en más escuelas de esa entidad. Y tras ratificar que “hay disposición al diálogo”, indicó que “la alianza se mantiene”.