Confiados en que bastará levantar la mano para tomar la palabra durante la sesión de hoy del Consejo Nacional de Seguridad Pública, gobernadores del país llegan a la ciudad de México con sus propuestas bajo el brazo.

De acuerdo con una consulta realizada por EL UNIVERSAL con los gobiernos estatales, prevalece la idea de que existirá la oportunidad para “los protagonismos” y así sugerir de viva voz los mecanismos que solucionen la violencia, inseguridad y delincuencia organizada que golpean al país.

Algunas propuestas coinciden endemandar más recursos económicos y humanos para las entidades, además de mayor margen de maniobra en los operativos que se realizan en sus territorios; depurar los cuerpos policiacos, ajustar los salarios e incentivar a los buenos elementos.

Se promueve la construcción y reorganización de las cárceles, y la actualización de los métodos de readaptación social. Destaca la intención de unificar academias e institutos de formación policial, y la creación de un sistema de certificación, aspecto que ya prevé el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una de las opciones para reducir los índices delictivos se enfoca en la designación de policías de barrio o vecinales, como en Yucatán, para que en coordinación con la sociedad civil se vigilen calles, colonias y hogares.

Los priístas Ulises Ruiz Ortiz y Fidel Herrera Beltrán, gobernadores de Oaxaca y Veracruz, entre otros, se pronunciaron por la fusión de las corporaciones policiacas y la dirección bajo un mando único en una policía nacional.

La mayoría manifestó la necesidad de abordar el tema de seguridad nacional en un frente común, donde se integren los gobiernos federal, estatal y municipal.

“Solución planchada”

A la reunión en Palacio Nacional, los mandatarios llegarán con un paquete de propuestas que fue consensuado y avalado por la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que encabeza el sonorense y priísta Eduardo Bours Castelo. El contenido fue presentado la tarde de ayer al presidente Felipe Calderón.

No obstante, gobernadores como el de Durango, Ismael Hernández Deras, trabajaban en la elaboración de “las líneas de acción” que serían planteadas hoy.

El duranguense esbozó como alternativa para combatir a la delincuencia, la depuración de los cuerpos policiacos y la promoción de la cadena perpetua, mas no la pena de muerte, a quienes incurran en secuestros.

El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, respaldó la prisión vitalicia en contra de secuestradores, además impulsará los cambios que ha planteado ante el Congreso de su estado:

Depuración de los cuerpos policiacos, adecuada selección de sus titulares, una sola academia de policía, un plan sectorial de seguridad pública y la evaluación de la incidencia delictiva en los municipios.

La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, sugirió designar policías vecinales como medida de protección; permitirá que sean las autoridades de los estados del norte del país las que definan las estrategias, pues son los primeros afectados por la delincuencia y el narcotráfico, según las estadísticas.

Vigilar y rastrear al dinero

Los gobernadores priístas de Campeche, Tabasco e Hidalgo observaron que el uso y distribución de los recursos económicos son importantes para el combate al crimen. Jorge Carlos Hurtado Valdez, de Campeche, propuso tener acceso a datos financieros, cuentas bancarias y detalles de telefonía celular, para que se abone a las investigaciones.

El tabasqueño Andrés Granier Melo y el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong dijeron que las políticas públicas en materia de seguridad deben ir de la mano con la distribución de los recursos monetarios y de la colaboración entre los órganos de gobierno.

Granier propondrá que se confisquen los bienes inmuebles rentados por el crimen organizado, con el fin de inhibir que los dueños de casas y ranchos renten sin comprobantes fiscales y reciban por adelantado el pago del alquiler, en ocasiones, hasta por dos años.

Osorio comentó: “En las cárceles tenemos no sólo a delincuentes del fuero común, sino también federal y sólo se nos proporciona 40% de los recursos para su subsistencia”. Agregó que se requiere mayor coordinación: “La AFI y la PGR realizan sus operativos y a los estados ni siquiera nos informan”.

El panista Marco Adame Castillo, mandatario de Morelos, junto con otros gobernadores, propuso la creación del Sistema Nacional de Certificación Policial.

(I. Mejía, R. Méndez, G. Rodríguez, F. Ynurreta, H. Fernández, Ó. Gutiérrez, L. Cano, M. Hernández, J. Cervantes, D. Mota, J. Miranda, J. Tapia, A. López, J. Arreola, S. Hernández, A. Ochoa, J. Cabrera, M. Beyliss, R. Barboza, R. Aguilar, É. Ávila y Y. Rodríguez)