Durante sesión extraordinaria, con el voto a favor de los diputados del PRI, del PAN y del PRV, se avalaron cambios a siete artículos propuestos por el gobernador Fidel Herrera, mediante los cuales se varía de una pena máxima de 70 años a cadena perpetua.

Los legisladores —con el voto en contra de diputados de Convergencia y PT y la abstención del PRD— establecieron que la pena vitalicia se aplicará tomando en cuenta si las víctimas de un secuestro son mujeres, niños o personas de la tercera edad.

Las reformas establecen que el juez deberá tomar en cuenta para esta sanción, si el secuestrador mutiló a su víctima y si forma parte de alguna corporación policiaca o si era servidor público de algún área de seguridad o prevención.

Los legisladores consideraron que la pena de prisión vitalicia deberá ser una medida que se maneje con prudencia por el juez, además de que resulte complementaria de otras acciones con las que se combatan con eficacia y profesionalismo policial los delitos de esta naturaleza.

Es decir, precisaron en su dictamen, no sólo basta aumentar las penas sino impulsar un manejo de avanzado de procedimientos de investigación y el combate decidido contra el crimen organizado.

Dicha sanción se aplicará a quienes intervengan en el delito de secuestro y en el que concurran otras circunstancias como agravantes de la pena, por ejemplo, cuando se asesine a la víctima o que sea una mujer, un menor de edad, un adulto mayor de 60 años o cualquier persona que padezca una enfermedad cuyo tratamiento médico no debe ser suspendido.

Manuel Bernal Rivera, del PRD, se pronunció porque esta modificación no se quede en asunto de moda y reprobó el endurecimiento de penas.