PUEBLA, PUE.— En medio de severas críticas por parte de los partidos de oposición, así como de organizaciones ciudadanas y empresariales, la mayoría priísta en el Congreso local aprobó ayer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde una vez más se negó la autonomía a la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado (CAIP).

En una polémica sesión a la que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) llegaron vestidos de negro, en señal de luto porque la transparencia en Puebla “ha muerto”, las modificaciones a 29 de los 56 artículos que integran dicha ley fueron aprobadas sólo con el voto de los 26 diputados del PRI.

Los diputados que votaron en contra fueron los 12 del PAN y del Panal, mientras que la perredista Irma Ramos Galindo y Carolina O’Farril, de Convergencia, y Manuel Fernández, del PT, optaron por abstenerse.

Una de las críticas más fuertes que hubo contra dicha ley fue que a la CAIP se le dio la categoría de órgano “especializado” del gobierno del estado, encabezado por el priísta Mario Marín, lo que le niega una vez más la autonomía plena, a pesar de la insistencia ciudadana de que eso se le diera por ser la única del país todavía dependiente de la administración estatal.

El artículo de la polémica es el número 25 de dicha ley, en donde se optó por declarar a la Comisión de Acceso como un ente especializado. Los diputados de oposición al PRI exigieron que dicho apartado se discutiera a fondo; sin embargo, esto se rechazó por la mayoría tricolor.

Durante la votación de dicho artículo se registró un hecho que generó confusión, pues los priístas Humberto Aguilar Viveros y Javier Aquino Limón inicialmente votaron en su contra, lo que obligó al presidente de la Mesa Directiva, Pablo Fernández, a declarar un receso de cinco minutos.

Al reanudar la sesión, se continuó con el conteo de los votos, lo que fue considerado por Acción Nacional como una irregularidad, misma que en un principio ignoraron los priístas y luego tuvieron que corregir.

La mayoría priísta tampoco accedió a que se avalaran otros puntos reclamados por la oposición y organismos ciudadanos, como la ampliación de los sujetos obligados.

Desde el miércoles en que se discutió el decreto de ley en comisiones, los panistas rechazaron la nueva legislación, que sólo falta que se publique en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor.