LEÓN, Gto.— El sector empresarial de León respaldó el entrenamiento extremo que reciben los policías locales, porque para enfrentar a la delincuencia, dijeron, “se requieren muchos rambos” que estén bien capacitados para cumplir con su tarea, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Díaz del Castillo.

Es necesario contar con una policía que esté más capacitada para enfrentar a la delincuencia desalmada, que no respeta la vida, agregó.

En una reunión con el alcalde Vicente Guerrero Reynoso, expresó su respaldo a este tipo de formación extrema que recibe el Grupo Especial Táctico.

Sobre la supuesta violación de los derechos humanos con este tipo de prácticas, Díaz del Castillo inquirió: qué daña más, ésto o lo que está sucediendo en otros lugares, como Ciudad Juárez, Culiacán y Monterrey.

Ayer, los presidentes estatales del PRI, PRD, PVE, PT y Convergencia acudieron en bloque a las oficinas del ombudsman de León, para pedir su intervención por la violación a los derechos humanos en la formación policial.

La secretaria general de la Derechos Humanos, Patricia Manrique, atendió a los políticos e informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación por “su impacto y trascendencia”.

A su vez, las comisiones legislativas de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal, condenaron la estrategia de capacitación policiaca en León, pues es una “apología del delito”, que por sí misma, se convierte en un ilícito penal.

El presidente de la comisión de Justicia, el priísta César Camacho, aseguró que exaltar o difundir el modus operandi de un delito, “es una apología, que es también delito y que debe investigarse mediante una denuncia en contra del alcalde”.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, Omeheira López, pidió resarcir el agravio a los policías que, en aras de un supuesto adiestramiento, fueron lastimados en su integridad.

El coordinador panista en el Senado pidió que la CNDH se integre en este asunto.

La Secretaría de Seguridad Pública federal aclaró que la contratación de los instructores en tácticas de tortura, es responsabilidad de las autoridades locales y no se pagó con recursos del Fondo de Financiamiento Conjunto ni del subsidio especial otorgado este año a 150 ayuntamientos.

La embajada británica informó que no hay un convenio de capacitación de su gobierno con la policía de León, y tampoco tienen registrado a Jerry Wilson como personal autorizado para participar de manera oficial en entrenamiento de este tipo. (Luz González, Natalia Gómez, Andrea Merlos y Ricardo Gómez)