caviles@eluniversal.com.mxEn una decisión inusual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del niño de cuatro años de edad que fue violado en el Instituto San Felipe, una de las escuelas privadas más importantes de la ciudad de Oaxaca, y que ha generado polémica por la forma en que han actuado las autoridades locales para capturar a dos de los responsables.
De manera unánime, los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal acordaron atraer este asunto por considerar que es de relevancia y trascendencia nacional, pues permitirá establecer criterios en torno a los derechos de las víctimas de delitos, en especial cuando se trata de niños, que deben cuidar las autoridades y que no sólo están contemplados en la Constitución sino también en tratados internacionales firmados por México.
Los ministros revisarán los amparos que promovieron las tres personas acusadas de la violación del menor, a través de los cuales buscan dejar sin efecto la orden de aprehensión que está vigente en contra de dos de ellos —actualmente prófugos—, y el auto de formal prisión que se le dictó a una de las profesoras involucradas en la agresión.
Mediante estos amparos los tres involucrados buscan quedar en libertad y frenar el proceso en su contra.
De acuerdo con la información que consta en el expediente del caso, la profesora Magdalena García Soto, hasta el momento la única detenida, lo entregaba a sus agresores, el maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la directora del colegio, Yolanda León Ramírez, quienes lo cubrían de los ojos y lo ataban de las muñecas para poder ultrajarlo, grabando el acto con una cámara de video.
La mamá del menor, Leticia Valdés Martell, quien ha denunciado de manera reiterada que los agresores de su hijo reciben protección de las autoridades locales de Oaxaca, le solicitó a la SCJN que atrajera el caso.
En respuesta a su petición la ministra Olga Sánchez Cordero hizo suya la solicitud y la presentó ante sus compañeros de la Primera Sala, quienes, de manera unánime, en la sesión de ayer acordaron atraer el caso.
De esta manera, la Corte atrajo por primera vez un juicio en el que están involucrados presuntos pederastas. Se trata de un asunto que es inusual no sólo por el tema del que se trata, sino porque la SCJN no acostumbra revisar casos relacionados con órdenes de aprehensión o autos de formal prisión. Por regla general, esta tarea les corresponde realizarla exclusivamente a juzgados y tribunales de menor jerarquía.
“La víctima del delito es un niño, quien no sólo cuenta con las garantías que la Constitución federal prevé a su favor como víctima del delito, sino también con la protección y tutela de la Convención sobre los Derechos del Niño”, explicó la SCJN.
