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Solicitan castigo por ‘megalimosna’

El pleno de la Cámara de Diputado solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar, y de haber elementos, sancionar, la entrega de recursos públicos a la Iglesia católica por parte del gobernador de Jalisco, Emilio González (PAN)
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Ricardo Gómez y Andrea Merlos
El Universal
Jueves 01 de mayo de 2008

ricardo.gomez@eluniversal.com.mxandrea.merlos@eluniversal.com.mx

El pleno de la Cámara de Diputado solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar, y de haber elementos, sancionar, la entrega de recursos públicos a la Iglesia católica por parte del gobernador de Jalisco, Emilio González (PAN).

Sin el aval del PAN, del PVEM ni del Panal, el punto de acuerdo fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja, y antes —el martes— por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside el panista Héctor Larios.

El diputado panista, Gerardo Priego, avaló la investigación al mandatario estatal, y lamentó la actitud de su correligionario. “Pobre Emilio, tan lejos del PAN y tan cerca del cardenal”, dijo el legislador por Tabasco.

El punto de acuerdo avalado por el pleno de la Cámara de Diputados pide a esas dependencias que se sancione, en caso de que se detecten irregularidades por los donativos que ha realizado Emilio González para la construcción del santuario de los mártires mexicanos en esa entidad.

Los legisladores pidieron a la Secretaría Gobernación, encabezada por Juan Camilo Mouriño, que en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se conforme una comisión.

Lo anterior, para investigar la donación del mandatario de Jalisco, al fin de construir el santuario, además de otras aportaciones que emanen de ese gobierno, los cuales son recursos públicos, que ha realizado a la Iglesia.

Los legisladores buscan determinar si los recursos públicos donados por el estado de Jalisco son federales, y de ser el caso, que se proceda conforme a la ley.

El punto de acuerdo tuvo el aval del FAP, es decir, del PRD, Convergencia y PT, así como del PRI y Alternativa.


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