Fredy M. Pérez
El Universal
Martes 11 de marzo de 2008
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.— La porosidad de la frontera con Guatemala permite que los grupos puedan adquirir de manos exranjeras toda clase de armamento. Un fusil AK-47 Cuerno de chivo puede comprarse por 3 mil y 5 mil pesos.Se trata de armas remanentes de grupos guerrerilleros que operaron en Centroamérica en los años 80 del siglo pasado.
Por ejemplo, en las diligencias del caso de Acteal se asienta que las armas que llegaron a Chenalhó, que convulsionaron al municipio durante 1997 y que tuvo su desenlace trágico en la matanza de Acteal, se adquirieron en el barrio de La Hormiga, un suburbio ubicado al norte de San Cristobal, habitado por indígenas provenientes del municipio de San Juan Chamula.
Hoy en día, para los habitantes de San Cristóbal es un secreto a voces que en esa área se siguen vendiendo armas provenientes de Guatemala, estupefacientes y automóviles de dudosa procedencia, señalan algunas organizaciones.
Durante los enfrentamientos de indígenas tzotziles de Chenalhó, hace una década, el grupo paramilitar ligado al PRI adquirió las armas en este lugar, según obra en testimoniales del proceso judicial.
Esas armas empleadas hace 10 años, aún no han sido destruidas y podrían estar en poder de grupos de autodefensa o de poder ligados al PRI, algunos de ellos ligados a la iglesia evangélica. Como prueba de ello, el gobierno estatal realizó un operativo y descubrió fusiles AK-47 en una cueva de la comunidad Los Chorros, Chenalhó.
En la zona Norte de la entidad, donde hace una década operó el grupo paramilitar Paz y Justicia, ligado al PRI, las autoridades no han informado hasta ahora sobre el decomiso de armas.
Lo mismo ocurre en la región de la selva con miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), identificada como un grupo paramilitar y confrontada con organizaciones de izquierda, quienes desde 1994 iniciaron un proceso de recuperación de tierras, principalmente en el municipio de Ocosingo.
La OPDIC fue fundada en 1998 en Ocosingo por Pedro Chulín Jiménez, dirigente del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, cuyo principal corredor de operación son los valles de Ocosingo, donde la guerrilla zapatista tenía su base de apoyo. Hoy su existencia genera tensión y provocaciones con grupos ligados al EZLN.
La presencia de organizaciones paramilitares en el estado quedó demostrada el 13 de noviembre del 2006, cuando se dio el ataque a la comunidad Viejo Velasco Suárez, Ocosingo. Ese día, al menos 40 hombres uniformados como policías, mataron a cuatro indígenas y cuatro más fueron reportados como desaparecidos. El suceso, denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedó impune pues no hay detenidos. Algunas organizaciones advirtieron que comuneros se hacen justicia por su propia mano al expulsar a grupos irregulares localizados en Ojo de Agua, San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao, entre otras.
