PLAYAS DE ROSARITO, BC.— Marginados ante la desconfianza ciudadana y de las autoridades que les acusan de participar en crímenes y proteger delincuentes, policías municipales de esta demarcación siguen desarmados como hace un mes y aún deberán esperar dos semanas para recuperar su equipo.La situación viene desde diciembre, a raíz de que un comando armado intentó ejecutar en su propio cuartel al secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Eduardo Montero Álvarez, quien resultó ileso, aunque uno de sus escoltas murió en el lugar.
El mismo funcionario públicamente dijo que sospecha que entre la corporación podría haber cómplices del atentado, lo cual fue respaldado por el comandante del Ejército en Baja California.
También reveló que el reforzamiento de cuerpo de seguridad personal (formado por decenas de elementos del Ejército) no lo eximen del riesgo de sufrir otro atentado, ni le han quitado el temor constante.
Opinión dividida
Desde el desarme de los oficiales, elementos del Ejército y las Policías Federal y Estatal Preventiva realizan patrullajes en la zona urbana y suburbana; sin embargo, esto ha dividido la opinión entre los rosaritenses, quienes afirman que se sienten “más seguros” o amedrentados.
“Tantos hombres encapuchados y con armas, ya no sabemos quiénes son los malos y quiénes los buenos”, afirmó Claudia Chávez, propietaria de un negocio en el corredor Rosarito-Puerto Nuevo.
El 21 de diciembre pasado, tres días después de que hombres armados asaltaron la comandancia para asesinar al secretario de Seguridad, los policías tuvieron que entregar sus pistolas, 9 milímetros, para que se revisara si fueron utilizadas en algún delito.
El secretario dejó entrever que entre la tropa había sospechosos de haber participado en el atentado en el que uno de sus escoltas murió.
Sin embargo, admitió que aún no hay pruebas suficientes en contra de los señalados, y desestimó quejas de los agentes acusados pues dice fueron señalados sin pruebas.
Más amenazas
Montero Álvarez reveló que después del atentado se han suscitado amenazas en su contra. Apenas el pasado jueves, desconocidos enviaron tres palomas rellenas de monedas y envueltas en listón negro, pero dijo desconocer el significado.
“Mi seguridad es de mucha importancia para que yo pueda seguir trabajando bien y con tranquilidad, pero el temor es permanente porque esto (estar rodeado de militares) no me garantiza que no habrá alguna acción en mi contra”, reconoció.
El secretario, un militar retirado, dijo que el gobierno estatal tramitará el regreso de las armas a sus agentes, 150 para todo Playas de Rosarito, que tiene 120 mil habitantes.
A regañadientes, realizan labores que no les representan riesgos como dirigir el tránsito o resguardar escuelas, mientras el alcalde, Hugo Torres Chabert, asegura que 90% de los 150 elementos pasaron las pruebas de confiabilidad como el polígrafo, antidoping y sicológicas. El resto será investigado.
Denuncian represalias
Bajo la condición del anonimato, oficiales aseguran que fueron víctimas de represalias por errores de compañeros, aunque advirtieron que ninguno ha sido castigado por algún hecho en particular.
A principios del mes, el comandante de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, anticipó que no se renovaría la licencia colectiva porque los policías rosaritenses son responsables de delitos cometidos en el corredor Ensenada-Rosarito-Tijuana.
El militar coincidió con el secretario de Seguridad al sospechar de sus agentes. Pero ninguno ha sido detenido.
Mejora imagen
Torres Chabert, el único de extracción priísta en Baja California, aseguró que la seguridad del municipio no está en riesgo porque las otras corporaciones patrullan y combaten la inseguridad.
Los delitos de alto impacto han bajado considerablemente, pero advirtió que la ciudadanía tendrá que participar para que la situación mejore más, mediante la denuncia.
La falta de credibilidad en la policía inhibió la denuncia social, por ello se creará un comité ciudadano para recibir cualquier reporte, pues la gente recurre ante quien le inspire confianza, afirmó el alcalde. Explicó que el gobierno estatal tramita el regreso del armamento a sus policías.
