TIJUANA, BC.— El gobierno de Baja California, que asumirá funciones a partir del 1 de noviembre próximo, tiene que optar por contar con cuerpos policiacos más eficaces e impulsar una mejor coordinación con las autoridades de otros niveles para garantizar resultados en el combate a la ola violenta que azota la entidad.
El investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), José María Ramos García, advirtió que además deberán privilegiarse las tareas de prevención de ilícitos, en particular los de alto impacto, y a la vez se tendrá que dar prioridad a la población que no esté involucrada en las filas delictivas.
La respuesta de las corporaciones policiacas a los últimos sucesos violentos, en particular los que las han afectado directamente, ha sido muy cuestionable, pues evidencia que no sólo están menos preparadas en términos de estrategia, inteligencia y armamento, sino que han fallado en la coordinación con otras autoridades, explicó.
El resultado es que entre la población y los mismos delincuentes cobra más fuerza la idea de que “el Estado se encuentra ausente”, particularmente en el tema policiaco y como consecuencia hay una mayor impunidad, señaló el investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colef.
Puso como ejemplo la ejecución, durante la semana que terminó, de dos agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en un lapso menor de 72 horas y poco después el ataque de un comando armado contra un cuartel de la Federal Preventiva en esta frontera.
“Sin duda alguna el ataque refleja una franca confrontación de los delincuentes con las autoridades. Es algo muy preocupante porque se supone que las autoridades son las que protegen a la sociedad”, señaló.
Peor fue el asesinato de los dos policías estatales porque a uno lo sacaron de su casa y a otro lo asesinaron en su vehículo, dijo Ramos García al considerar que la respuesta policiaca ha sido “muy cuestionable” y probablemente el origen es que no están capacitados o tienen menor capacidad que los delincuentes.
De esta forma, insistió, que sólo con una mejor capacitación y coordinación, sumada a la prevención, se logrará revertir el proceso violento que vive la entidad, y esto será una tarea para el gobierno entrante.
No obstante, advirtió que la tarea de combatir la inseguridad no es una obligación exclusiva del gobierno entrante porque la situación empeora constantemente y una falta de acciones sería más grave.
Se refirió a las declaraciones recientes del secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor de la Garza Herrada, quien admitió que “el reto cada vez se ve más complicado” y sostuvo que no es adecuado dejar la tarea al siguiente gobierno.
Delincuentes aprovechan coyunturas
Según Ramos García, la escalada de violencia que se vive en Baja California tras el proceso electoral del 5 de agosto se debe a que los delincuentes percibieron un “vacío de poder” generado por la transición de gobierno, por lo que consideró vital que autoridades salientes y entrantes se coordinen para atender el problema.
Por desgracia, afirmó, los indicadores de la actividad delictiva se incrementaron durante el sexenio que está por concluir, en particular los de alto impacto como el secuestro y el homicidio, y resolverlo será tarea de la siguiente administración.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella Ibarra, consideró que las reacciones violentas se deben al reforzamiento de los operativos de combate a la inseguridad. Y señaló que las autoridades no han perdido el control de la situación, pero sí deberán revertir el clima violento “cueste lo que cueste”.
