TIJUANA, BC.- Las complicaciones de la contienda política bajacaliforniana podrían derivar en la anulación del proceso si los magistrados electorales de la Federación deciden anteponer el interés ciudadano al beneficio de los partidos políticos, consideró el investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Víctor Alejandro Espinoza Valle.La revocación de la candidatura del priísta Jorge Hank Rhon al gobierno estatal, y posiblemente de otros cuatro aspirantes a diferentes cargos, ha enrarecido el ambiente y puede provocar violencia entre simpatizantes de los partidos políticos participantes y un índice de abstencionismo mayor a 70% que siempre ha registrado esta entidad, advirtió.
Previó que la anulación del proceso sería el escenario más riesgoso, pero que cobra cada vez mayor fuerza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que habrá de responder a las impugnaciones que interpongan los aspirantes a los cargos de elección popular que se disputarán en los comicios del 5 de agosto próximo.
Hay tres escenarios posibles. El primero consiste en que el TEPJF ratifique la decisión de los magistrados estatales de revocar las candidaturas a quienes no cumplen con los requisitos exigidos; y el segundo, que decidan restituirlas en aras de evitar que el entorno de por sí enrarecido se complique más.
"La moneda está en el aire" y podría ocurrir cualquier situación, de ahí que el tercer escenario, de la cancelación del proceso cobra cada vez mayor fuerza, consideró el doctor en sociología política del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colef.
No descarta gobernador interino
Con ello, Baja California debería nombrar un gobernador interino, así como cinco alcaldes y diputados locales, para que en un plazo de seis meses, cuando haya condiciones, se celebren otros comicios en los que los actuales aspirantes podrían participar sin los impedimentos que enfrentan actualmente.
El proceso está "judicializado", dijo en referencia a las impugnaciones que han presentado partidos políticos y coaliciones contra candidatos y acciones de sus adversarios.
Como resultado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California revocó la semana pasada la candidatura del aspirante priísta a la gubernatura, al aplicarle la llamada Ley antichapulín; ésta impide que un funcionario electo por la ciudadanía abandone su cargo para buscar otro similar.
Si en la impugnación que presente el abanderado priísta se demuestra que los magistrados locales afectaron el resultado electoral y que entre los contendientes más fuertes existe una diferencia de preferencia del voto menor de 5%, es factible que el TEPJF suspenda el proceso, analizó Víctor Alejandro Espinoza.
Además, se puede argumentar los conflictos de los partidos con el Consejo Estatal Electoral (CEE), que siguen vigentes en esta entidad aunque la anulación de una candidatura y las que están por venir hayan pasado al primer plano del escenario.
Espinoza Valle calificó como un "gravísimo" error que el Tribunal Electoral de Baja California haya dado un plazo de 10 días para la sustitución de la candidatura anulada de Jorge Hank Rhon, y dijo que también puede utilizarse como recurso de impugnación ante el TEPJF.
El doctor en sociología política advirtió que en Baja California urge una reforma electoral que resuelva las inconsistencias e incluya las precandidaturas políticas, a fin de que no queden resquicios legales que lleven a las situaciones de incertidumbre que registra esta entidad.
