El operativo fue anunciado el 19 de febrero pasado por los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Gobernación y Procuraduría General de la República, para combatir al crimen organizado mediante el envío de 2 mil 500 efectivos del Ejército y agentes federales a Nuevo León y Tamaulipas.

La guerra que enfrentan las bandas de la delincuencia organizada causaron en 2006 poco más de medio centenar de ejecuciones en Nuevo León y en lo que va del año suman 32, de las cuales 14 han sido contra policías municipales y estatales.

"Con todas sus acciones negligentes, Natividad ya entregó la plaza al narco", dijo el diputado federal del PAN, Enrique Barrios, en referencia al gobernador del estado, José Natividad González Parás.

Según el legislador, el gobierno del estado tuvo el año pasado un subejercicio del presupuesto de seguridad, por lo que no proporcionó los recursos correspondientes a los municipios. "Nos queda claro y demuestra que nos falló en el tema de la seguridad", agregó.

Barrios dijo que en los últimos dos años el gobernador no ha reconocido la gravedad del problema y sólo atribuye la responsabilidad de combatir al narcotráfico al gobierno federal.

También el diputado federal panista Martín López Cisneros dijo que el operativo no ha tenido resultados porque los militares no han actuado en todo el estado.

"La fuerza militar debe aplicarse de una forma completa y no sólo en algunos puntos del estado", añadió López Cisneros.

Desde que se inició el operativo, el Ejército sólo ha estado en dos ocasiones en la zona metropolitana de Monterrey, integrada por nueve municipios que concentran al menos 93% de la población del estado, y actualmente realiza acciones esporádicas en las zonas rurales.

Operativo de relumbrón

Para Juan José Cervantes, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en la aplicación del Operativo de Seguridad se presentan dos escenarios.

"El primero es que el operativo parece más de relumbrón debido a que no se han parado en seco las ejecuciones y en cambio la semana pasada se incrementaron. Eso da la impresión de que el operativo no sirve para nada. Que hay un temor de enfrentarse al narcotráfico", reiteró.

De acuerdo con Cervantes, un segundo escenario da la impresión de que el gobernador de Nuevo León no quiere autorizar la militarización del estado, lo que ha generado descontento entre diversos sectores políticos que han pedido su renuncia. "Se percibe que no está cooperando para que exista una tolerancia cero para combatir al narcotráfico", concluyó.

Debido a que el operativo no está funcionando, los alcaldes panistas Adalberto Madero Quiroga, de Monterrey; Zeferino Salgado, de San Nicolás, y Fernando Margáin, de San Pedro, informaron que se reunieron la semana pasada con los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván, y de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

Madero Quiroga dijo que la reunión fue para gestionar en Gobernación recursos extras para sus respectivas policías.

"Nuestra obligación y nuestra responsabilidad es responderle con hechos a los regiomontanos", manifestó el alcalde.

Por su parte, el presidente municipal de San Pedro dijo que solicitaron que el Ejército y las fuerzas federales realicen acciones como las de Michoacán, donde realmente se redujeron las ejecuciones. "En Nuevo León sólo hay presencia, pero no se registran acciones", añadió.