La presión para los afectados es tan fuerte ante la inminente culminación de las obras -previstas para el próximo mes de agosto- y no obtener soluciones a sus demandas, que el edil de Santa María del Oro, Fernando Arcadia Aldama, ha viajado seguido a esta capital para pedir la intervención de las autoridades estatales ante la CFE, pero ésta incluso ha dejado plantadas a autoridades municipales, ejidales y comunales.

En caso de no haber una respuesta rápida al cumplimiento de los compromisos que asumió la paraestatal, él personalmente encabezará el bloqueo del acceso a estas obras, dijo.

Las obras de la presa El Cajón iniciaron en junio de 2003, con una inversión de casi 8 mil millones de pesos y el embalse cubriría una superficie de 3 mil 980 hectáreas expropiadas, ubicadas en su mayoría en los municipios de La Yesca, Jala y Santa María del Oro.

De acuerdo con las promesas de personal de CFE a los afectados por este proyecto, a éstos se les cubrirían oportunamente las indemnizaciones por la expropiación de los predios, el pago de los bienes distintos a la tierra, reubicación de poblados y realización de obras sociales, entre otros.

Empero, en la comunidad El Ciruelo, del municipio sureño de Jala, a 80 kilómetros de la autopista Tepic-Guadalajara, por un angosto y accidentado camino de terracería, el juez auxiliar, J. Concepción Ramírez Corona, declara que fueron engañados por la CFE.

"Hace más de tres años nos trajeron unas maquetas y desde ahí se miraba muy bonito como iba a quedar el pueblo, con casas nuevas, escuela, iglesia y hasta con áreas verdes, por lo que mucha gente quedó de acuerdo en que se hicieran las obras", apunta.

Hoy, mientras el viejo poblado de El Ciruelo quedó bajo las aguas, en la parte más alta están las casas que les construyeron en un terreno sin nivelar, por lo que ya empiezan a presentar cuarteaduras. Hay derrumbes que amenazan con sepultarlas y existe el temor de que en el próximo temporal de lluvias, varias de ellas ubicadas en el nivel más bajo se inunden con la creciente del embalse sobre el río Lerma-Santiago, explica.

Éxodo

En compañía de algunos vecinos, admite que hay mejoras en relación a como vivían antes de que iniciaran las obras de El Cajón, pues muchas familias habitaban viviendas hechas de piedra o adobe, y ahora las casas son de material y amplias.

"Ahora enfrentamos otros problemas, pues éramos 58 comuneros, pero varios se fueron en busca de un mejor futuro para su familia y sólo quedamos 37, que ahora al no ser nivelado el terreno para edificar las casas, estamos todos desparramados. Varios de ellos ya casi no tienen tierras, el ganado a veces se desbarranca y se ahoga, pues los cerros de esta zona se están desgajando".

Precisa que sugirieron a funcionarios de la CFE que una loma que se encuentra en el centro de este nuevo asentamiento fuera eliminada y con ese material emparejar todo el terreno para que las casas quedaran todas al mismo nivel. Pero, fueron ignorados, pues se construyeron brechas entre el cerro que por ser de jal (piedra pómez), las paredes ya se están desmoronando aún en periodo de secas, añade.

Actualmente carecen de alumbrado público porque el ayuntamiento de Jala ya no quiso pagarlo y se limitó a mandarles los recibos por un importe de más de 3 mil pesos. En ese mismo tenor, sus habitantes tienen que cubrir al instante los recibos por consumo de energía eléctrica, que a algunos les llegan por más de mil pesos, ya que el empleado y cobrador de CFE no quiere dar dos vueltas.

Grietas en cerro destruyen casas

El comunero Arturo García Pérez informa que con las obras del embalse, el nivel del río Lerma-Santiago subió más de 200 metros. Lo que ha provocado una especie de reacomodo de las tierras de la zona, traduciéndose en derrumbes y aparición de grietas en un cerro. Denuncia que esas grietas han provocado la destrucción de cuatro casas, entre ellas la que él ocupaba con su familia.

Tras un viaje de unos 10 minutos en lancha y ascender por una accidentada pendiente, muestra las ruinas de lo que fue su casa, así como la de su hermano Martín. También están afectadas las de Manuel García Macías y de la señora Luz Elena García Mojarro, mientras destacan algunas grietas en el cerro que provocaron esa destrucción.

Explica que ante esta situación, demandaron de la CFE apoyo para que les construyeran sus casas en El Ciruelo, pero la respuesta de personal de la empresa y de las constructoras fue cortante: "Esta zona no está considerada dentro del proyecto".

Adeudo al ayuntamiento

Mientras en otro punto de esa región, ya en el municipio de Santa María del Oro, el edil Fernando Arcadia exige a la empresa Constructora Internacional de Infraestructura, Sociedad Anónima (CIISA), subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que le cubran los salarios de 36 policías municipales que han realizado labores de vigilancia y seguridad en esas obras.

Hasta el sábado de la semana pasada -precisa el alcalde-, les adeudan a los policías dos meses y ocho días de salario. Tampoco les quieren cubrir indemnizaciones, bajo el argumento de que ellos hicieron el trato con el ayuntamiento y no con ellos. Pero además, la empresa no ha cubierto pago de rentas a propietarios de inmuebles, así como a restaurantes y particulares por el hospedaje y consumo de alimentos de funcionarios y personal de confianza.

A esos problemas en los cuales los afectados le exigen la intervención al edil, se suman que CFE no ha cumplido con la totalidad de las obras sociales que prometió realizar y el conflicto generado por el aumento del nivel del agua del embalse, que está afectando más tierras que las contempladas en el decreto expropiatorio.

Ante esa situación, el presidente municipal Arcadia Aldama dice: "Si no hay una respuesta inmediata, antes de que se vayan a ir los trabajadores de las constructoras, además de bloquear el acceso a las obras, en compañía de varios regidores me trasladaré a la ciudad de México para exigir a la CFE que cumpla sus compromisos".

Sobre esta situación, el coordinador de Fortalecimiento Municipal del gobierno estatal, Lucas Vallarta Robles, dijo que la institución está comprometida con esta gente para exigir que la CFE y las constructoras cumplan con lo prometido a comuneros y ejidatarios, para que se pudiera realizar lo que se considera el máximo logro de la administración foxista en materia de generación de energía eléctrica.