"La muerte de los 65 mineros se pudo haber evitado si se hubieran tomado las medidas de seguridad adecuadas oportunamente", afirmó el titular de la PGJE, Jesús Torres Charles, al evaluar resultados de las pesquisas efectuadas durante los últimos 10 meses y medio, desde que ocurrió la tragedia el 19 de febrero de 2006.

El procurador pidió reservar los nombres de los implicados para no entorpecer la investigación, aunque de antemano se sabe quiénes son, pues acudieron a declarar en calidad de indiciados ante el Ministerio Público.

De la decena de inculpados, cinco son funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el principal es el ex delegado de esa dependencia en Coahuila, Pedro Isaac Camarillo Adame, y cuatro de quienes fueron sus colaboradores, entre ellos dos inspectores.

Los otros cinco son directivos de la empresa Industrial Minera México SA (IMMSA), concesionaria de la explotación del yacimiento de carbón donde ocurrió la explosión el 19 de febrero del 2006 y en el cual aún permanecen sepultadas 63 de las 65 víctimas.

En principio, Torres Charles había estimado que los presuntos culpables serían puestos a disposición del juez en diciembre y luego dijo que a finales de enero, al respecto argumentó que no hay plazos fatales, pues se estimó necesario obtener información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La segunda visitadora general de dicha comisión, Susana Pedroza, acaba de entregar el documento, además falta un dictamen de geología, del Servicio Geológico Nacional, el cual podría aportar nuevos elementos y que proporcionará la Secretaría del Trabajo (ST) federal.

"La investigación fue profunda y muy seria, y ya estamos listos", sostuvo.

Torres Charles precisó que en estos casi 11 meses, la PGJE ha tomado 135 declaraciones testimoniales, también a ocho testigos, encargados de varias áreas de la mina, a cinco empleados de confianza de la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y a cinco funcionarios de la delegación de la ST.

No pisarán la cárcel

Con base en el propio Código Penal, de antemano se presume que ninguno de los implicados irá a la cárcel. El delito de homicidio culposo se configura al no existir la intención de cometer el crimen, aunque se viola un deber jurídico y se incurre en "comisión por omisión".

En la mayoría de los estados, la penalidad es de cinco años de cárcel. Pero en Coahuila, el Código Penal establece como sanción máxima para este ilícito 10 años y medio de prisión, con derecho a la libertad bajo fianza.

El artículo 28 señala que para el homicidio culposo hay establecida una sanción que va desde tres días de cárcel hasta una tercera parte del máximo permitido por la ley como pena de prisión y multa, según sea el caso.

Además, con suspensión o inhabilitación de hasta 10 años para realizar la actividad mediante la cual se cometió la conducta culposa y, en su caso, del derecho a obtener autorización, licencia o permiso respecto de aquélla.

Mientras que el artículo 29 dispone penas alternativas o sin prisión para ciertos tipos penales culposos, según lo determine el juez.

Hay que esperar: IMMSA

Para el vicepresidente de Relaciones Internacionales de Grupo México, propietario de IMMSA, Juan Rebolledo, mientras no se llegue al lugar del estallido, será difícil saber las causas del accidente, pues no se pueden hacer peritajes.

"No sabemos en qué basa la Procuraduría sus conclusiones", dijo entrevistado por teléfono y opinó que habrá que esperar para determinar qué provocó el estallido y saber si hay responsables o no.

Por otra parte, el fiscal especial de la PGJE para el caso Pasta de Conchos, Jorge Ríos Coss, confirmó que las pesquisas prácticamente están a agotadas.

Pronto se harán las consignaciones para que el juez obsequie las órdenes de aprehensión contra los responsables por el delito de homicidio culposo, añadió.

La negligencia

De acuerdo con las indagatorias, la explosión se debió a la acumulación de gas, de ahí surgieron cuatro líneas de investigación: Ventilación, polveo, equipos de seguridad requeridos y negligencia de funcionarios federales.

Así se estableció la hipótesis de que entraba al tiro menos aire del requerido por la Norma Oficial Mexicana NOM-023, en promedio faltaban como cuatro metros cúbicos de aire. Eso provocó, por ende, el acumulamiento del gas metano y la detonación.

Tal y como lo denunciaron algunos trabajadores, se comprobó que no estaba polveado ni siquiera la mitad, 50% de las paredes de la mina.

El polvo inerte permite neutralizar el "polvillo de carbón" que al contacto con el gas explota.

En equipos de seguridad, la NOM exige medidores de metano que calculen permanentemente los niveles de gas. Empero, éstos no existían en el último crucero abierto del cañón de regreso de la mina.

"Si los hubieran tenido se habrían dado cuenta que el nivel superaba el 4%, y que en ese porcentaje el metano se vuelve explosivo. La norma establece que al 1.5% de metano se suspendan actividades y se saque a la gente de la mina", comentó el fiscal.

La negligencia se comprueba con las 49 recomendaciones hechas por los inspectores de la delegación de la ST que no se cumplieron totalmente, además de que se acreditó que los inspectores no revisaron la totalidad de la cantera.

Ríos Coss dijo que el yacimiento de carbón está muy dañado, los derrumbes (más de 30 que se han encontrado) son muy grandes. Es una mina insegura, rudimentaria, en los cañones había postes de madera con vigas de acero arriba y una "trabe" -barrote de madera- que va entre un poste y otro.

Tampoco había malla, aunque la norma no lo exige, pero en minas de las empresas Minera Carbonífera Río Escondido (Micare) y Minerales Monclova SA (Mimosa), las paredes son de concreto.