El operativo arrancó desde el miércoles pasado, pero a partir de ayer viernes se incorporó todo el aparato policial del municipio, cuyo alcalde priísta, Jorge Hank Rhon, ordenó suspender vacaciones y permisos a todos los agentes, además de establecer turnos de 12 horas en lugar de las ocho normales.

El secretario de Seguridad Pública municipal, Luis Javier Algorri Franco, dijo que en la vigilancia se incluyen cinco puntos críticos de la ciudad y para ello fueron retirados agentes que estaban asignados a otras tareas, incluidos 130 que custodiaban inmuebles incautados por autoridades federales y otros que realizaban labores de apoyo al Grupo Beta de protección a inmigrantes, o asignados como escoltas.

Según el funcionario, el mecanismo especial de vigilancia en Tijuana fue establecido luego de que las autoridades federales ignoraron la solicitud del municipio de enviar efectivos y elementos del Ejército mexicano para contener la inseguridad y la violencia, que en lo que va del año han causado 275 muertes, y de ellas, 81 relacionadas con actividades del crimen organizado y el narcotráfico.

Algorri Franco dijo que el operativo incluirá patrullajes en convoy por toda la ciudad, con el objetivo de tener mejor capacidad de respuesta en caso de emergencia. Para ese esquema especial de seguridad el municipio cuenta con 513 patrullas, 101 motocicletas, 12 caballos, 18 perros, 2 mil 200 chalecos, mil 350 armas y 2 mil 220 radios.

El secretario de Seguridad Pública municipal, Luis Javier Algorri Franco, informó que instalaron filtros aleatorios de prevención en cinco puntos estratégicos de la ciudad, en donde estará un subcomandante responsable de cada uno.

Apoyo empresarial

El operativo fue bien recibido por el sector empresarial local y según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Daniel Romero Mejía, sólo con los esfuerzos sumados de las diferentes corporaciones podrá ser abatida la ola delictiva que azota a la ciudad.

El presidente local de la Cámara de Comercio, César Cázares Díaz de León, consideró que a pesar de la decisión de las autoridades municipales de combatir por su cuenta la violencia, los empresarios no dejarán de exigir que cesen los secuestros y asaltos en contra de sus afiliados y de la población en general.

Cázares Díaz reveló que los empresarios habían considerado dejar de pagar impuestos para presionar a las autoridades a cumplir con su obligación para que esta ciudad fronteriza recupere la tranquilidad.