L a toma de las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por parte de maestros podría ser tipificada como un delito federal de ataques a las vías generales de comunicación, consideraron abogados especialistas en telecomunicaciones.

Representantes de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México reprobaron la acción y recordaron el carácter cultural y educativo de dicho medio.

Lidia Camacho, directora general de Radio Educación, externó su "enérgica protesta" y consideró que el gobierno federal debe actuar de inmediato para restituir el orden.

La también ex presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales de México, consideró "inadmisible" el hecho, el cual debe castigarse.

Recordó que se trata de un medio de comunicación público, propiedad del estado.

La verdad, dijo, todos pediríamos que se aplique el peso de la ley porque no estamos de acuerdo que se atropelle, se violente un medio de comunicación educativo y cultural.

Hizo un llamado a los protagonistas de la toma a que de manera pacífica regresen las instalaciones, y reconozcan que se trata de un "grave atropello".

Irene Levy Mustri, abogada y especialista en la legislación de telecomunicaciones, advirtió que si así lo determina, el gobierno estatal, que es el permisionario de la televisora, podría demandar daño en propiedad ajena o despojo.

Precisó que en el caso de la Ley de Vías Generales de Comunicación se violó el artículo 533, por interrumpir las transmisiones del canal, así como el artículo 167 del Código Penal Federal, en su fracción sexta.

"Al obstaculizar las funciones de la estación, se incurrió en un delito federal", agregó.