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El mundo digital es el foco al que se busca atacar hoy a través de campañas impulsadas por la Motion Picture Association, Canacine o la Asociación Protectora de Cine y Música (APCM), sin embargo, la fabricación y distribución de material ilegal físico aún afecta la industria.

En 2016 se vendieron en el país más de 13 millones de unidades legales de DVD y Blu Ray, mientras que este año de acuerdo con Alfredo Tourné, director general de la APCM, en el mismo periodo se fabricaron en la ciudad más de 900 millones de unidades apócrifas.

El panorama para atacar la piratería física y digital es negro; Ana María Magaña, directora de la MPA México, dice que la práctica de camcording (grabar el filme en las salas de cine) es más dificíl de detectar ahora de lo que era hace años.

“México es el país que más usa esta técnica, los dispositivos cada vez son más portátiles, los smartphones tienen buena calidad y hay programas para que la imagen no se mueva, eso dificulta detectar a alguien filmando. Este año no ha habido detenciones por camcording, lo cual no significa que no exista. Es difícil estar presentes en las 6 mil pantallas que hay en México para evitarlo”.

En los últimos tres años, señala, jueces federales han sentenciado a prisión a 60 personas por delitos relacionados con esta práctica. En ese mismo tiempo las sanciones y las multas que se les han impuesto han ido a la baja.

En 2012 se dieron 37 sentencias condenatorias de seis meses y 5 mil días multa, que eran equivalentes a 311 mil 650 pesos, mientras que el años siguiente (2013) se registraron tres sentencias condenatorias, dos de seis meses de prisión y una más por tres años de prisión y una amonestación por mas de 129 mil 520 pesos.

En 2014 los jueces federales sólo sentenciaron a 20 personas con penas de seis a siete meses de prisión y más de 5 mil días de multa, equivalentes a 306 mil 900 pesos.

La directora de la MPA dice que se está trabajando en leyes más duras para los infractores, en un mundo en el que la tecnología rebasa a la ley.

“Desde abril proyectamos antes de cada función un aviso de la PGR que dice que la grabación es delito y tiene una sanción administrativa y judicial que podría acabar en cárcel o multa alta. Buscamos que la sanción se incremente para que las personas piensen dos veces antes de grabar, reproducir, o comercializar un material no autorizado”.

Añade que se busca replicar modelos como el de Reino Unido en el que tras el endurecimiento de las amonestaciones, la ilegalidad en el entretenimiento digital bajó hasta en 80% en tres años.

“Hoy los ojos de la industria del entretenimiento legal están puestas en Internet y es el que estamos atacando porque ha habido un incremento”.

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