En una sentencia histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a cuatro personas para que puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recreativos. Los cuatro son integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Sin esperar a convocar un debate formal al respecto, esta resolución es ya el primer paso de un debate nacional en materia de consumo de drogas y combate al tráfico de las mismas.

Es aún muy pronto para tener una postura clara al respecto. Sin embargo, hay algunos puntos que debemos considerar para darle mayor claridad a la discusión:

1.     Hace falta información sobre el uso y el consumo de drogas en México. Desde 2011 no se realiza la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA). Este esfuerzo realizado hace ya cinco años por la Comisión Nacional Contra las Adicciones y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, nos ayudó a entender mejor el alcance de este fenómeno en nuestro país a principios de esta década. Pero necesitamos con urgencia actualizar los datos para poder conocer mejor los retos que tenemos por delante. Un debate sin información es un debate entre ciegos.

2.     Es necesario entender que la situación geográfica de México hará que nuestras decisiones tengan repercusiones regionales e, incluso, mundiales. No tomarlo en cuenta resulta irresponsable. Estoy segura que si nuestra posición geográfica fuera distinta, la situación en materia de seguridad pública mexicana sería muy diferente. El tener una frontera compartida de miles de kilómetros con el mayor traficante de armas del mundo y el mayor consumidor global de drogas tiene consecuencias irreversibles para nuestro país.

3.     La discusión debe reconocer las dos graves e importantes vertientes que tiene el problema de las drogas: es un tema con incidencia directa en materia de seguridad pública y es un tema de salud pública. Decidir sin tomar en cuenta ambas caras del problema es intentar pegarle a la piñata con vendas en los ojos. Sobra evidenciar las consecuencias que tiene el actual marco jurídico en materia de drogas: nuestro Estado de Derecho y nuestra seguridad las sufren todos los días. Sin embargo, amparándonos en una falsa realidad que cree que México no es un país de consumo de drogas, nos olvidamos de las dolorosas consecuencias que tienen las drogas en los consumidores mexicanos y en sus familias.

Como bien señalan las últimas Encuestas Nacionales de Adicciones, la evolución en el consumo de sustancias ha tenido un incremento en todos sus rubros, lo cual es una variable de enorme preocupación que no ha sido replicada con recursos suficientes por parte de nuestro gobierno y nuestra sociedad.

La mayor parte de los presupuestos y los esfuerzos en este campo se siguen enfocando en el aspecto seguridad, menospreciando la necesidad que hay de atender este tema desde un enfoque de salud pública. El presupuesto en el programa sectorial de salud (2007-2012) fue de 6 mil 600 millones de pesos relacionado con la prevención y el tratamiento de las adicciones. Para darnos una idea, ese monto es similar al costo de adquisición del nuevo avión presidencial que pronto estrenará Enrique Peña Nieto.

Por último, y no menos importante, habrá que contextualizar este debate teniendo claros los objetivos que pretendemos a través de nuestras políticas públicas y nuestro marco jurídico, con el fin de hacer una evaluación responsable sobre los medios y los fines perseguidos. Es tiempo de discutir con responsabilidad el mejor camino para conseguir nuestros objetivos, sobre todo cuando retrocedemos en todos los rubros en este campo.

Senadora por el PAN

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses