Ayer la autoridad antimonopolios dio a conocer millonarias sanciones en contra de cuatro administradoras privadas de pensiones que violaron las leyes para obtener mayores ganancias.

Le doy un vistazo resumido del hecho. Una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en la que colaboraron ejecutivos de las propias Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), concluyó que Sura, Banorte-Siglo XXI, Profuturo GNP y Principal, se pusieron de acuerdo entre 2012 y 2014 para limitar los traspasos —de una Afore a otra— a que tienen derecho los trabajadores y, con esta maniobra, redujeron sus costos comerciales para incrementar sus ganancias.

Es decir, estamos frente a los típicos acuerdos entre instituciones financieras para quebrantar las leyes y así obtener mayores beneficios.

Le hago tres comentarios al respecto:

1. No perdamos de vista la importancia que tienen estas sanciones y sus implicaciones para la confianza de los clientes de las Afores. La investigación de Cofece encontró que un tercio de las Afores que operan en el país (hay que recordar que en 2014 existían 11 Afores, el mismo número que ahora) se pusieron de acuerdo para violar las leyes del Sistema Nacional para el Retiro (SAR) y las de competencia económica a fin de obtener mayores beneficios. Tampoco hay que olvidar que estas cuatro Afore sancionadas representan 56% del total de los recursos de los trabajadores administrados por las Afore. Así que estamos frente a prácticas ilegales por parte de altos funcionarios de las mayores Afore del país y que en el caso público de Banorte-Siglo XXI ha sido reconocido al negociar una rebaja en la sanción por colaborar en las investigaciones, según notas periodísticas. Suponemos que los investigadores de Cofece y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indagaron las prácticas comerciales de todas las Afores, sin embargo el solo hecho de que un tercio de éstas, las más grandes del sistema y el largo tiempo en que violaron las leyes, debería ser suficiente para que los trabajadores —y sus representantes en el Congreso— exijan nuevas investigaciones y mayor transparencia en las operaciones del sistema de pensiones.

2.Estas violaciones a la ley perjudicaron los rendimientos de los trabajadores en su cuentas. El comunicado de Cofece es muy claro al respecto cuando dice: “El objetivo de esta práctica indebida era reducir el gasto comercial, lo que repercutiría en mayores beneficios para las Afores. Es decir, al tratarse de un mercado en el cual es complejo modificar el monto de las comisiones y en el que las inversiones están reguladas, las administradoras buscaron incrementar sus utilidades a partir de una reducción de su gasto comercial, el destinado a lograr traspasos de cuentas de los trabajadores, (…) En 2014, del gasto total de una Afore, el comercial representó alrededor de 34%, y llegó a ser hasta 50% de la comisión cobrada a los trabajadores. Estas acciones, si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, no se vieron reflejadas en una mejor comisión para los clientes”. Hasta allí la explicación de Cofece. Ahora bien, si la comisión que cobran las Afore a los trabajadores no se redujo, entonces tampoco los trabajadores obtuvieron un mejor rendimiento en sus pensiones; porque los ‘ahorros’ que obtuvieron las Afores en sus gastos comerciales simplemente se los embolsaron. Si bien Consar buscó mitigar los efectos de la resolución de Cofece señalando en un comunicado que no se afectó a los trabajadores, la realidad es que sí. Evidentemente que no se puso en riesgo el ahorro de los trabajadores, pero sí se afectó su rentabilidad. En contraposición, se incrementaron las ganancias de estas Afore.

3. Habrá que redoblar la vigilancia sobre el comportamiento de las Afore. No olvidemos que, además de la resolución sobre esta investigación, los investigadores de Cofece persiguen otros delitos entre los directivos y ejecutivos de las Afore por presuntas violaciones a la ley de competencia económica en operaciones con bonos del gobierno federal. No hay que olvidar que las Afore representan al mayor tenedor de bonos del gobierno federal en el país. Así que éstas dos investigaciones y la resolución reciente de Cofece sobre las Afore, tendrían que poner sobre alerta a las autoridades de Consar en otros ámbitos de la operación y de la regulación sobre los fondos para el retiro de los trabajadores. Con estos casos, no es difícil pensar que haya otras prácticas —no investigadas o no conocidas por el público— tendientes a violentar la ley para obtener mayores beneficios, en perjuicio de sus clientes. ¿Lo ha investigado Consar? ¿Acaso se violó también la ley del SAR? ¿Presume de algunas otras irregularidades?

Estos asuntos de la transparencia y el cumplimiento de las leyes en el manejo de los recursos de los trabajadores es delicado y la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados tendría que pedir cuentas al respecto, más allá de la investigación de Cofece; pero ¿tendrán idea los diputados de estos asuntos?

¿Acaso nos están robando en las Afores?

Twitter:@SamuelGarciaCOM

E-mail:samuel@arenapublica.com

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