Las fiscalías podridas

El país debe asumir ya quizá el lamentable deceso de dos de las propuestas más cautivadoras que acompañaron el arranque de la administración Peña Nieto: la Fiscalía General, que sepultaría a la PGR para dotarnos de una procuración de justicia ajena a la política. Y la Fiscalía Anticorrupción, piedra de toque en un sistema que nos ofrecieron como remedio para aliviar la codicia pública y privada sobre el erario.

La proximidad de las elecciones presidenciales ha impuesto entre nosotros una atmósfera donde la incertidumbre ante el futuro atrajo un endurecimiento político, especialmente en el sistema PRI-gobierno, a lo que se suma una notable mediocridad de los partidos de oposición. La verdadera novedad es un activismo ciudadano sin precedente, que elevará el costo público del fracaso y lo cargará a los responsables.

Este escenario sepultó la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, previsto para este mes y con una agenda adicional de temas urgentes, que incluía la Ley de Seguridad Interior, el Mando Mixto y la designación de magistrados federales administrativos. Las comisiones respectivas ni siquiera han sesionado, mucho menos dictaminado estas iniciativas. El costo de la negociación subió tanto que se ahogó en una espesa salsa de contradicciones. El esquema entero se paralizó, fuera y dentro del Poder Legislativo.

Previsiones aportadas a este espacio por actores centrales permiten anticipar que luego de al menos tres años de discusiones, leyes aprobadas y nombramientos concretados, las negociaciones para instituir las fiscalías general y anticorrupción podrían regresar casi a cero, lo que supondría nuevas propuestas para reformar lo ya reformado, incluso la Constitución. En el actual contexto, ello anticipa que nos hallaremos frente a dos buenas ideas finalmente podridas.

El desconcierto se agudizará el próximo día 19, fecha en que legalmente debe quedar concretado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que prevé nombrar a un fiscal con un mandato que expirará el 30 de noviembre de 2018. Los candidatos serios han tomado distancia del modelo, al que ven carente de autonomía, mal diseñado e incapaz de impulsar cambios en realidad. La tentación ahora es designar a un personaje de paja, sin prestigio alguno ni más fuerza que el papel que le dé el nombramiento.

El panorama se complica por otro asunto: en noviembre próximo el actual auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, concluirá su gestión de ocho años, lapso por el que puede ser reelecto. Que lo logre dependerá de la Cámara de Diputados y en particular de una comisión que controlan dos legisladores subordinados al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle: Luis Maldonado Venegas y Eukid Castañón.

Apenas el pasado día 3, Portal pareció exhibir una postura oficialista al sumarse a los integrantes del comité del SNA que rechazaron una propuesta de Jacqueline Peschard, presidenta del Comité del Participación Ciudadana del propio SNA, para apenas exhortar a las autoridades a investigar el caso del espionaje contra periodistas y activistas sociales. Colaboradores de Moreno Valle, en particular el referido diputado Eukid Castañón, han sido señalados de operar sistemas de espionaje no sólo en Puebla, sino en otros estados, como Quintana Roo. ¿Portal flaqueó al emitir su voto?

Este incidente parece haber marcado la señal para una estrategia de acoso y derribo contra el referido Comité de Participación Ciudadana, muy en concreto contra la citada Peschard y su próximo relevo, Mariclaire Acosta. Los ataques provienen centralmente del PRI y su representación en el mismo poder que designó a los miembros del Comité: el Senado.

La Fiscalía General se halla en un laberinto peor: el PRI ya no quiere modificar el transitorio 16 del 102 constitucional que establece que el nuevo fiscal durará nueve años y que el cargo lo asumirá quien esté dirigiendo la PGR al fin del sexenio. Pero la ley reglamentaria de la Fiscalía aún sigue pendiente. La oposición —en particular PAN y PRD— marchaba sumisa hacia ese modelo gracias a que el PRI le cedió, por una sola vez, la designación del fiscal electoral federal. Pero ahora quiere más, incluso nombrar al próximo fiscal general.

Esta crisis ha puesto al procurador general de la República, Raúl Cervantes, en un limbo donde quienes en realidad mandan son las pesadas y oscuras burocracias de la PGR, que por décadas han logrado blindarse contra cambios y acumulan el récord de provocar cambio de titular en promedio cada dos años durante las últimas tres décadas.

La debilidad del procurador Cervantes es ya materia de bromas. Su eventual arribo a la cada vez más improbable Fiscalía General no domina las apuestas, ni siquiera entre el personal de la PGR, que acude a los seminarios que organizan conjuntamente Jurídicas de la UNAM, el CIDE e Inacipe.

Se trata de seminarios que dotan de sustento jurídico y técnico a este proceso. Sin embargo, la realidad política impuso ya otra realidad. Una dominada por improvisación, simulación, ambigüedad e incertidumbre.

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