La casa del Tucán es un chiquero

Nunca ha sido distinto. Desde que se fundó fue un negocio, primero familiar y luego de un grupo de amigos. Es el partido del Mirreynato. De este régimen corrupto que nació con la agonía del siglo pasado y que, por complicidad de la élite gobernante, goza todavía de cabal salud.

De todo ha habido en el chiquero del Tucán: desde niños chamaqueados hasta búlgaras que supuestamente se suicidaron, yates y alcoholímetro, negocios con propaganda electoral, compra de voto y publicidad tramposa.

Ese partido no tiene remedio. Como nació, morirá: podrido.

Pero su desaparición del mapa no ocurrirá pronto; cuenta con una red de protección que lo sostiene y alimenta.

Cada vez que la autoridad y la ley señalan su comportamiento, salen en su defensa los abogados del Mirreynato: magistrados, legisladores, líderes de partido, funcionarios de gobierno y otros cómplices.

El Tucán sobrevive porque el comportamiento de sus dirigentes es impune. Cuando no sea el PVEM quien reciba los reclamos y las sanciones, sino los sujetos de carne y hueso que dirigen esa casa política, entonces sí, algo comenzará a cambiar en el cubil que sirve de hogar para ese pájaro.

Por primera vez uno de sus dirigentes estuvo a punto de pagar costos por su comportamiento ilegal. El presunto responsable: Arturo Escobar y Vega, quien la semana pasada —con la estridencia del cínico mayor— se declaró perseguido político.

El orden de los factores determina la falsedad: se trata de un político perseguido por la justicia, que no es lo mismo que un perseguido político injustamente.

En marzo de este año el periódico EL UNIVERSAL informó que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al partido del Tucán ya que éste violó el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) porque entregó beneficios ilegales y dinero con el propósito de obtener votos para sus candidatos.

El PVEM buscó comprar sufragios por medio de unas tarjetas denominadas Premia Platino que otorgaban descuentos, y también servían para recibir dinero en efectivo a favor de sus usuarios.

Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien impuso una multa por este proceder, la cual alcanzó los 3.9 millones de pesos.

Tal acusación contra el PVEM no sólo se impuso por un acto de propaganda ilegal, sino por el intento deliberado de comprar votos.

Una vez resuelto el asunto en el terreno de la autoridad electoral, éste pasó a la cancha de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), órgano que pertenece a la PGR y está encargado de procesar, por la vía penal, aquellos delitos previstos en la Legipe.

¿Contra quién procedió la FEPADE? Contra el funcionario del PVEM que firmó los contratos para la adquisición y reparto de las tarjetas Premia Platino; es decir, contra el señor Escobar.

¿Con qué argumentos? Con los mismos que antes se desahogaron en el INE y el Tribunal y que siempre fueron públicos.

Y sin embargo, cuando la FEPADE acudió ante la juez federal Rosa María Cervantes Mejía, ésta decidió que el comportamiento de Escobar no merecía siquiera estudiarse.

Rechazó dar entrada al asunto argumentando que cualquier otro militante partidista habría actuado de idéntica manera.

Si esta juzgadora tiene razón, de ahora en adelante cabe esperar la misma comprensión judicial para todo individuo que se disponga a intercambiar votos por dinero.

ZOOM: Lo que hoy se juega en este expediente son los roles futuros de la FEPADE y la PGR; si no se recurre en segunda instancia la inexplicable decisión de la juez Cervantes, habremos de confirmar que en México el Tucán lo puede todo, y más.

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