Con toda razón, muchos dudan que las acciones del gobierno federal contra la CNTE resulten decisivas. ¿Y por qué la duda?

Porque en un cuarto de siglo los gobiernos estatales y el federal no sólo solaparon sino que estimularon el mayor crimen en la historia mexicana: el de condenar a millones de oaxaqueños, michoacanos y guerrerenses al atraso educativo, a la miseria y la desigualdad.

Sin embargo, pocos se han percatado que el decreto que acabó con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca —el nefasto IEEPO—, no es sólo un valioso instrumento jurídico sino que —en el fondo— es la verdadera Espada de Damocles con la que el gobierno federal pondrá fin a la mafiosa CNTE.

Y es que se trata de un instrumento de alto valor político y jurídico que —igual que el decreto que acabó con la Compañía de Luz y el nefasto SME en el gobierno de Calderón— será piedra de toque para cortar el perverso cordón umbilical de la mafia SNTE; la fuente del dinero.

Pero lo valioso del decreto no está en su exposición de motivos, menos en su articulado formal o en sus enunciados. No, la valía está en el Artículo Transitorio No. 9, que establece el fin a todos los acuerdos, negociaciones y pactos previos entre la CNTE y los gobiernos estatal y federal.

Fin a los privilegios. Y si tienen dudas, vale echar una mirada al Transitorio, que dice a la letra: “Se dejan sin efecto todos los actos, contratos, convenios, minutas e instrumentos de cualquier tipo que hubiere celebrado el gobierno del estado de Oaxaca o el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, directamente o a través de cualquier otro servidor público o representante, que contravengan lo previsto en el presente Decreto y las leyes a que se refiere el artículo Octavo Transitorio del presente decreto”. ¿Y qué quiere decir lo anterior?

Elemental, que queda sin efecto todo lo que se haya firmado entre los gobiernos de Oaxaca —desde 1992, cuando Heladio Ramírez regaló el IEEPO a la CNTE—, pasando por todo lo firmado por gobiernos de Diódoro Carrasco —1992-1998—, José Murat —1999-2004—, Ulises Ruiz —2005-2010— y Gabino Cué. ¿Y qué firmaron durante los peores 23 años de la historia de Oaxaca esos gobernadores y el gobierno federal?

Entre muchas otras cosas, el reconocimiento de la CNTE como Comisión Magisterial de Derechos Humanos, con personalidad jurídica; la creación de un Ministerio Público especial para el magisterio, con funciones especiales de investigación y persecución de delitos, que en la práctica se convirtió en el centro de la impunidad de todos los delitos.

Además del control total del IEEPO, del banco de plazas, de todo el dinero destinado al pago salarial y jugosas prestaciones como 120 días de pago adicional a su salario —por distintos rubros como aguinaldo y Día del Maestro—, lo cual significó un desfalco al dinero público de más de 10 mil millones de pesos en los últimos 20 años. De esa cifra escandalosa, buena parte fue robada por los distintos líderes de la CNTE, que hoy son investigados y podrían terminar en prisión.

Todo sin contar con viviendas literalmente regaladas, apoyos didácticos sin límite, regalos en especie y el derecho a nombrar funcionarios de toda la estructura estatal de educación, de manejar a su antojo los permisos, ascensos, promociones y entrega de plazas a amigos, parientes, amantes y concubinas. Bueno, el saqueo incluyó el regalo de la Casa Oaxaca del Distrito Federal —presupuesto anual incluido—, que está al servicio de las bacanales de los líderes.

Por cierto, pocos han reparado en los daños colaterales del tiro de gracia a la mafiosa CNTE. El primer caso es el fin de los privilegios a grupos como el EPR, que también se beneficiaron del saqueo de la CNTE al dinero público de Oaxaca. El segundo, el beneficio a funcionarios heredados a la CNTE como el caso del ex gobernador Ulises Ruíz, que dejó una cauda de vividores.

Y el tercero tiene que ver con un gravísimo problema social; nadie ha reparado en los elevados niveles de alcoholismo del magisterio oaxaqueño, cuyos ejemplos son visibles no sólo en su líder Rubén Núñez, sino para todo aquel que camine por los alrededores del Monumento a la Revolución —sede del plantón permanente en el DF—, en donde los únicos negocios que han florecido son las cantinas de mala muerte.

Gabino salva su gobierno. Pero el golpe a la mafiosa CNTE también tiene efectos políticos virtuosos. El primero es el rescate del gobierno fallido de Gabino Cué, cuyo comportamiento rebasó desde hace mucho el análisis político y alcanzó la categoría de análisis conductual. Y es que —como lo dijimos aquí desde 2013—, el gobernador de Oaxaca era víctima del Síndrome de Estocolmo; comportamiento que el criminalista y psicólogo Nils Bejerot identificó cuando un secuestrado termina por alienarse al interés de su secuestrador.

Y es que no se entiende de otra forma —que no sea la del Síndrome de Estocolmo— que el gobierno de Oaxaca y su gobernador no sólo se hayan convertido en rehenes del grupo mafioso de la CNTE en aquella entidad —mafia que en los hechos secuestró al gobierno y al gobernador. Lo peor del caso es que hasta hoy —y a pesar de que se rompió la dependencia de Gabino Cué a la CNTE— nadie ha sido capaz de responder las preguntas elementales. ¿Cuáles preguntas?

¿Por qué Gabino Cué toleró, solapó y hasta estimuló a la mafia llamada CNTE? ¿Por qué financia con dinero público a un grupo criminal que lo mismo secuestra que vandaliza y ha provocado no sólo la quiebra económica de Oaxaca, sino la ruina política, económica y social de millones de oaxaqueños?

¿Por qué razón los aliados políticos de Gabino Cué —el PAN y el PRD— se hicieron de la vista gorda y voltearon a otro lado cuando los ciudadanos gritaban poner orden en el estado y cuando el gobierno de Gabino Cué se confirma como una gestión fallida? ¿A quién le rinde cuentas Gabino Cué si no es un gobernador del PRI, tampoco del PAN y menos del PRD?

Pero había una pregunta aún más grave: ¿Por qué los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial toleraron que ese gobierno fuera el peor enemigo de los ciudadanos que lo eligieron; y por qué durante años ninguno de esos tres poderes salió en defensa de los ciudadanos de Oaxaca?

Caerán cabezas. De un momento a otro caerán los dirigentes de la CNTE, acusados por distintos delitos vinculados con el manejo sucio de miles de millones de pesos. ¿Y nadie castigará a partidos y a gobernadores culpables? Al tiempo.

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@ricardoalemanmx

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