Los otros 43 y la guerra en tiempos electorales

La cifra parece cabalística. De los 43 de Iguala, en Guerrero, a los 43 del Rancho del Sol, en Michoacán.

Como se sabe, los primeros 43 fueron secuestrados por la policía de Iguala y presuntamente asesinados por el Cártel Guerreros Unidos.

Los otros 43 muertos son en su mayoría —por lo menos 42—, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —y sólo uno policía federal—, que se enfrentaron a fuerzas federales que los abatieron en el Rancho del Sol en el municipio de Tanhuato, Michoacán.

El nuevo choque entre integrantes del CJNG y fuerzas federales es una escaramuza más de la llamada Operación Jalisco, que hace semanas provocó uno de los más escandalosos fracasos federales cuando el CJNG —hegemónico en Jalisco— derribó un helicóptero militar y causó la muerte de, por lo menos, ocho efectivos federales.

Pero el enfrentamiento en Tanhuato también parece emparentado con el choque en Tlatlaya, Estado de México, en donde militares abatieron a 22 criminales a los que confiscaron todo un arsenal. En esa ocasión, sin embargo, una manipulación periodística vinculada a los que intentan tirar al gobierno de Peña hizo parecer —de manera engañosa— el enfrentamiento como ajusticiamiento. Hoy los militares que cumplieron con su deber en Tlatlaya están en prisión.

La historia se repite y los efectivos federales demostraron de nueva cuenta que su capacitación y capacidad de respuesta es muy superior a los criminales, a los que terminaron por abatir casi en su totalidad. Pero también aparecen voces interesadas que intentan reeditar el engaño Tlatlaya. Pareciera que sectores opositores al gobierno federal son aliados a los grupos criminales que defienden con el sambenito de los derechos humanos.

En rigor —sin embargo—, la repetición de una cifra como el 43 no es más que un hecho fortuito. En todo caso lo cabalístico es que vivimos una de las más concurridas elecciones intermedias, en el corazón de una exacerbada guerra contra las bandas criminales.

O si se quiere ver la cábala desde el otro extremo, resulta que en medio de la más cruenta guerra contra las bandas criminales, a los mexicanos se les ocurrió llevar a cabo uno de los más complejos procesos electorales.

La masacre en Guerrero. Y si tienen dudas de la guerra en tiempos electorales, vale recordar que antes del enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, entre el 9 y el 14 de mayo en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, un grupo criminal secuestró a por lo menos 10 personas del lugar; ciudadanos que hasta hoy siguen desaparecidos. Por lo pronto se localizaron restos humanos de por lo menos cuatro personas que no han sido identificadas.

Lo cierto es que la criminalidad sigue sin control en todo Guerrero, en especial en Acapulco, en donde se han reportado días con nueve y hasta diez muertos, en tanto las autoridades locales y federales del INE insisten en que “no pasa nada” y que la elección se llevará a cabo “con normalidad”; la normalidad del crimen.

Son 21 los muertos por elecciones. Pero los focos rojos en Tanhuato, Michoacán y en Chilapa, Guerrero, son apenas la punta de la madeja de una violencia que se extiende a media docena de entidades —Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas y el Distrito Federal—, en donde por más demagogia que dejen escapar líderes de partidos y directivos del INE, lo cierto es que las elecciones están en riesgo.

Según el recuento de La Otra Opinión, a la fecha se han producido 21 casos de personas que han perdido la vida en hechos vinculados con los procesos electorales. Del total registrado, 20 muertes han sido por hechos violentos y una por un accidente carretero poco claro.

¿Quiénes eran las personas asesinadas? Se trata de cinco candidatos o precandidatos. Dos militantes, dos familiares del candidato (una hija y un hermano); dos acompañantes del candidato, cuatro eran dirigentes de partido en sus municipios y cuatro eran servidores públicos.

¿De qué partido eran los muertos? Seis pertenecían al PRI, cinco al PRD, uno al PT, uno a Morena, y uno a Movimiento Ciudadano. ¿Dónde era su lugar de origen? Cinco eran originarios de Oaxaca, tres de Michoacán, tres de Guerrero, dos de Veracruz, dos de Chihuahua y uno —respectivamente—, de Tabasco, San Luis Potosí, Jalisco y Estado de México.

¿A quién le importan esos muertos? ¿Qué ha dicho el INE sobre una elección que ha reportado 21 personas muertas en hechos violentos directamente relacionados con el proceso electoral? ¿Las elecciones mexicanas pasaron de ser “una fiesta cívica” a “territorio de guerra”?

Parece que a nadie importa que las de 2015 son las elecciones en donde ser candidato a un puesto de elección popular es sinónimo de comprar boleto a la tumba.

El C-4 criminal de Tamaulipas. Pero el extremo de lo increíble —en medio del proceso electoral— se produjo en Tamaulipas, en donde los sistemas estatales de video-vigilancia no están en manos de los criminales —como ocurrió en el gobierno michoacano de Fausto Vallejo, que puso al servicio de Los Templarios el C-4—, sino que los criminales colocaron su propio C-4 en Reynosa, Tamaulipas.

Sí, por increíble que resulte, el pasado viernes el gobierno estatal y fuerzas federales desmantelaron un sistema de 52 cámaras instaladas en lugares estratégicos que le permitían a las bandas que controlan el crimen en la entidad, vigilar los movimientos del gobierno estatal, de la PGR y la Policía Federal.

Lo curioso es que horas antes de ese hallazgo —que demuestra el poder de las bandas criminales y el grado de penetración en las estructuras estatales—, la tarde del jueves se registró la explosión de dos artefactos. El primero frente a las instalaciones del INE y el segundo en el edificio de la Policía Federal.

Se sabe que no hubo pérdidas humanas, sólo daños materiales. Y según la versión oficial, los explosivos fueron arrojados desde dos vehículos en movimiento, poco después de las seis de la tarde.

Al respecto, el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que el atentado se debió a la desesperación del crimen organizado pues, en fechas recientes, han detenido a 14 criminales de alta peligrosidad.

¿Qué tan desesperado estará un criminal como para lanzar bombas a las puertas de la Policía Federal? Al parecer no mucho. Más bien parece que en Tamaulipas no existe ley ni gobierno; campea la ingobernabilidad.

Y en medio de ese escenario de violencia, muchos dicen que “no pasa nada” y que las elecciones intermedias serán ejemplares. ¿Ejemplares? Al tiempo.

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