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#LaVozDeLosExpertos
Como en tiempos de don Fernando Gutiérrez Barrios -mítico represor de opositores al régimen, particularmente cuando se desempeñó como titular de la policía secreta en el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)- el espionaje político hoy es práctica recurrente. Los “pájaros en el alambre” fueron desplazados a Internet.
El espionaje gubernamental -que podría sustentarse en el imaginario de la seguridad nacional- resulta indefendible cuando responde a intereses fundamentalmente políticos. Si a la práctica del espionaje gubernamental añadimos el pobre interés del gobierno en la transparencia y rendición de cuentas, el resultado es una pobre calidad de vida democrática.
La nota publicada el 19 de junio por Azam Ahmed y Nicole Perloth en The New York Times, puso en evidencia el espionaje político que ha venido realizando el gobierno a algunos periodistas y defensores de derechos humanos, con un programa de espionaje que, en teoría, solo debería ser utilizado para investigar a criminales.
Las denuncias sobre la práctica del espionaje digital en la administración del presidente Peña Nieto no son recientes. El 7 de julio de 2013, por ejemplo, el periódico Reforma reveló que la Procuraduría General de la República, y otras instituciones gubernamentales, utilizaban Fin Fisher, equipo que incluye hardware y software para mantener vigilancia de forma focalizada en el interior de una red informática, desde el monitorio de llamadas de video y audio, hasta el registro de correo electrónico y la posibilidad de controlar la cámara y el micrófono de los equipos.
Sobre la nota publicada en el Times, Francisco Javier Acuña, el comisionado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo: “cualquier acto de espionaje realizado en contra de periodistas o activistas nos resulta inadmisible para una democracia”.
Sin embargo, en estricta congruencia con lo declarado por el comisionado, sorprende que el INAI haya “auxiliado” al
CISEN para reservar hasta 2027 los contratos que celebró la administración del presidente Enrique Peña Nieto con la empresa italiana The Hacking Team, proveedora del spyware Galileo.
El INAI no solo asesoró al CISEN para reservar dicha información, también ha solapado la sistemática secrecía del gobierno. De acuerdo con la Unidad de Datos Cerrados de Sin Embargo, la administración del Peña Nieto “mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del presidente, el derecho que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas en los Pinos”.
En foros internacionales sobre Gobernanza de Internet, los voceros del gobierno del presidente Peña Nieto suelen destacar el uso ciudadano de las Plataformas Digitales para la Transparencia. De acuerdo con la encuesta ENAID 2016, 14 de cada 100 ciudadanos mayores de edad en poblaciones urbanas de 100 mil o más habitantes consultó información en alguna página web de gobierno.
La información que suelen consultar los ciudadanos es la que resulta indispensable para la gestión de trámites diversos. Afirmar que en ello se agota la transparencia resulta ingenuo. Los más de 12 millones de expedientes que se encuentran bajo llave representan sólidos argumentos sobre el pobre y tendencioso desempeño del INAI, y revelan el verdadero rostro de la voluntad de transparencia del actual gobierno.
Como en tiempos de don Fernando Gutiérrez Barrios -mítico represor de opositores al régimen, particularmente cuando se desempeñó como titular de la policía secreta en el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)- el espionaje político hoy es práctica recurrente. Los “pájaros en el alambre” fueron desplazados a Internet.
El espionaje gubernamental -que podría sustentarse en el imaginario de la seguridad nacional- resulta indefendible cuando responde a intereses fundamentalmente políticos. Si a la práctica del espionaje gubernamental añadimos el pobre interés del gobierno en la transparencia y rendición de cuentas, el resultado es una pobre calidad de vida democrática.
La nota publicada el 19 de junio por Azam Ahmed y Nicole Perloth en The New York Times, puso en evidencia el espionaje político que ha venido realizando el gobierno a algunos periodistas y defensores de derechos humanos, con un programa de espionaje que, en teoría, solo debería ser utilizado para investigar a criminales.
Las denuncias sobre la práctica del espionaje digital en la administración del presidente Peña Nieto no son recientes. El 7 de julio de 2013, por ejemplo, el periódico Reforma reveló que la Procuraduría General de la República, y otras instituciones gubernamentales, utilizaban Fin Fisher, equipo que incluye hardware y software para mantener vigilancia de forma focalizada en el interior de una red informática, desde el monitorio de llamadas de video y audio, hasta el registro de correo electrónico y la posibilidad de controlar la cámara y el micrófono de los equipos.
Sobre la nota publicada en el Times, Francisco Javier Acuña, el comisionado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo: “cualquier acto de espionaje realizado en contra de periodistas o activistas nos resulta inadmisible para una democracia”.
Sin embargo, en estricta congruencia con lo declarado por el comisionado, sorprende que el INAI haya “auxiliado” al
CISEN para reservar hasta 2027 los contratos que celebró la administración del presidente Enrique Peña Nieto con la empresa italiana The Hacking Team, proveedora del spyware Galileo.
El INAI no solo asesoró al CISEN para reservar dicha información, también ha solapado la sistemática secrecía del gobierno. De acuerdo con la Unidad de Datos Cerrados de Sin Embargo, la administración del Peña Nieto “mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del presidente, el derecho que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas en los Pinos”.
En foros internacionales sobre Gobernanza de Internet, los voceros del gobierno del presidente Peña Nieto suelen destacar el uso ciudadano de las Plataformas Digitales para la Transparencia. De acuerdo con la encuesta ENAID 2016, 14 de cada 100 ciudadanos mayores de edad en poblaciones urbanas de 100 mil o más habitantes consultó información en alguna página web de gobierno.
La información que suelen consultar los ciudadanos es la que resulta indispensable para la gestión de trámites diversos. Afirmar que en ello se agota la transparencia resulta ingenuo. Los más de 12 millones de expedientes que se encuentran bajo llave representan sólidos argumentos sobre el pobre y tendencioso desempeño del INAI, y revelan el verdadero rostro de la voluntad de transparencia del actual gobierno.
