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#LaVozDeLosExpertos
En abril de 2016, Bloomberg Businessweek dio a conocer delicadas revelaciones de Andrés Sepúlveda, hacker colombiano, quien afirmó que en la campaña presidencial del PRI en 2012 interceptó teléfonos y computadoras del PRD y el PAN, incluidos los de sus respectivos candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Sepúlveda entonces laboraba para el venezolano Juan José Rendón, experto en propaganda negra.
La presidencia de la República rechazó cualquier relación con Sepúlveda así como con JJ Rendón, quien en su sitio web destacaba haber participado en la campaña presidencial de Peña Nieto.
Resulta ingenuo suponer que Enrique Peña Nieto y Alejandra Lagunes Soto Ruiz (la entonces responsable de las redes sociales del candidato presidencial), efectivamente desconocieran las actividades que Sepúlveda afirmó haber realizado.
Si el candidato presidencial del PRI efectivamente incurrió en prácticas de ciberespionaje durante su campaña, podría pensarse que también puede incurrir en tan objetables prácticas como jefe de gobierno. La omisión de una estrategia en materia de ciberseguridad nacional en los objetivos que justificaron la creación de la Coordinación de la Agenda Digital Nacional siempre me pareció sospechosa. Afirmé que en materia de ciberseguridad, el gobierno de Peña Nieto parecía apostar por el ciberespionsaje. Tomás Zerón de Lucio, quien se desempeñó como responsable de Inteligencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ha sido señalado como el estratega en ciberespionaje en el gobierno de Peña Nieto.
El lunes 19 de junio, The New York Times dedicó su primera plana a documentar cómo el gobierno del presidente Peña Nieto recurrió al empleo de un malware para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Entre las víctimas del espionaje realizado durante 2015 y 2016 se encuentra el hijo de la periodista Carmen Aristegui, quien entonces era menor de edad. La periodista increpó así al presidente Peña Nieto: “¿Para qué quería la información de un adolescente? (…) ¿de qué más es capaz, presidente siniestro?”.
El gobierno mexicano, destacó el NYT, gastó 80 millones de dólares en un software de espionaje adquirido a una compañía de origen israelí. Dicho sistema se llama Pegasus. La empresa italiana Hacking Team fue la encargada de vender el soft- ware y dar capacitación sobre su manejo al Cisen, la PGR, la Semar, Sedena así como a algunas procuradurías estatales.
La costosa inversión en materia de ciberespionaje, que converte al teléfono celular de las víctimas en un dispositivo de espionaje, no precisamente fue destinada a combatir al crimen organizado. La prioridad es política y ha permitido vigilar a personajes incómodos para el gobierno federal y sus intereses.
Edward Snowden, exfuncionario de la Agencia de Seguidad Nacional de los Estados Unidos (NSA), quien logró gran notoriedad mediática el 9 de junio de 2013 cuando afirmó haber revelado a The Guardian y The Washington Post que el gobierno estadounidense espiaba a sus ciudadanos mediante teléfonos e Internet, destacó en Twitter que el espionaje realizado por el gobierno de Peña Nieto representa “un crimen contra el público”.
Como si se tratara de terroristas, al margen de la ley, el gobierno de Peña Nieto emplea Pegasus para espiar a ciudadanos, periodistas, defensores de derechos humanos. La práctica de facto criminiliza la posible disidencia. La prioridad del gobierno de EPN no es combatir al crimen organizado sino espiar a los ciudadanos.
Apenas la semana pasada, en el marco del cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno “es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión”
En abril de 2016, Bloomberg Businessweek dio a conocer delicadas revelaciones de Andrés Sepúlveda, hacker colombiano, quien afirmó que en la campaña presidencial del PRI en 2012 interceptó teléfonos y computadoras del PRD y el PAN, incluidos los de sus respectivos candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Sepúlveda entonces laboraba para el venezolano Juan José Rendón, experto en propaganda negra.
La presidencia de la República rechazó cualquier relación con Sepúlveda así como con JJ Rendón, quien en su sitio web destacaba haber participado en la campaña presidencial de Peña Nieto.
Resulta ingenuo suponer que Enrique Peña Nieto y Alejandra Lagunes Soto Ruiz (la entonces responsable de las redes sociales del candidato presidencial), efectivamente desconocieran las actividades que Sepúlveda afirmó haber realizado.
Si el candidato presidencial del PRI efectivamente incurrió en prácticas de ciberespionaje durante su campaña, podría pensarse que también puede incurrir en tan objetables prácticas como jefe de gobierno. La omisión de una estrategia en materia de ciberseguridad nacional en los objetivos que justificaron la creación de la Coordinación de la Agenda Digital Nacional siempre me pareció sospechosa. Afirmé que en materia de ciberseguridad, el gobierno de Peña Nieto parecía apostar por el ciberespionsaje. Tomás Zerón de Lucio, quien se desempeñó como responsable de Inteligencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ha sido señalado como el estratega en ciberespionaje en el gobierno de Peña Nieto.
El lunes 19 de junio, The New York Times dedicó su primera plana a documentar cómo el gobierno del presidente Peña Nieto recurrió al empleo de un malware para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Entre las víctimas del espionaje realizado durante 2015 y 2016 se encuentra el hijo de la periodista Carmen Aristegui, quien entonces era menor de edad. La periodista increpó así al presidente Peña Nieto: “¿Para qué quería la información de un adolescente? (…) ¿de qué más es capaz, presidente siniestro?”.
El gobierno mexicano, destacó el NYT, gastó 80 millones de dólares en un software de espionaje adquirido a una compañía de origen israelí. Dicho sistema se llama Pegasus. La empresa italiana Hacking Team fue la encargada de vender el soft- ware y dar capacitación sobre su manejo al Cisen, la PGR, la Semar, Sedena así como a algunas procuradurías estatales.
La costosa inversión en materia de ciberespionaje, que converte al teléfono celular de las víctimas en un dispositivo de espionaje, no precisamente fue destinada a combatir al crimen organizado. La prioridad es política y ha permitido vigilar a personajes incómodos para el gobierno federal y sus intereses.
Edward Snowden, exfuncionario de la Agencia de Seguidad Nacional de los Estados Unidos (NSA), quien logró gran notoriedad mediática el 9 de junio de 2013 cuando afirmó haber revelado a The Guardian y The Washington Post que el gobierno estadounidense espiaba a sus ciudadanos mediante teléfonos e Internet, destacó en Twitter que el espionaje realizado por el gobierno de Peña Nieto representa “un crimen contra el público”.
Como si se tratara de terroristas, al margen de la ley, el gobierno de Peña Nieto emplea Pegasus para espiar a ciudadanos, periodistas, defensores de derechos humanos. La práctica de facto criminiliza la posible disidencia. La prioridad del gobierno de EPN no es combatir al crimen organizado sino espiar a los ciudadanos.
Apenas la semana pasada, en el marco del cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno “es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión”
