La ley de seguridad interior

Después de escuchar múltiples voces que llaman a la prudencia a fin de evitar que el sentido de urgencia llevara a los legisladores a aprobar una pieza que pudiese tener efectos nocivos en la vida de la República, se  ha decidido aplazar la aprobación de la ley de seguridad interior.   Puedo entender que, por una consideración democrática, se llame a foros de consulta en los que se pueda dar una discusión más amplia.  Sin embargo, si lo que se quiere es una legislación consensuada, tal cosa no ocurrirá porque existe un  nudo problemático (que algo tiene de ideológico y algo de normativo) que va a ser muy difícil resolver. Los críticos de las iniciativas señalan con razón, que una ley así viene a reconocer una situación inconveniente en la que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de seguridad pública en condiciones extraordinarias. Los partidarios de las mismas señalan, también con razón, que es una ley que permite la salida de las Fuerzas Armadas de esta situación en la medida en que con la aplicación de declaratorias por tiempo limitado, las entidades federativas y los municipios tendrían mayores incentivos para desarrollar sus capacidades y poder prescindir así del apoyo federal y enfrentar lo que es su responsabilidad constitucional. 
Partiendo del supuesto de que el ideal sería que cada nivel de gobierno hiciese su tarea  y tuviese las capacidades institucionales para conseguirlo, yo tiendo pensar que es mejor tener la ley que no tenerla, porque la realidad  ha sido y es muy diferente. ¿Qué más quisiera yo que poder discutir el paradigma de la seguridad humana en vez de estar pensando en declaratorias de emergencia? Estas declaratorias, al igual que las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, se aplican en países que la requieren. Ningún país estable requiere cascos azules, como ninguna entidad con capacidades de gobierno debería requerir, para los temas de seguridad pública, al Ejército o la Marina. Puestos a escoger es mejor ser Dinamarca que Haití, el DF que Tamaulipas claro está. En muchas entidades federativas de este país el crimen organizado domina territorialmente y la única fuerza que ha sido capaz de cambiar esta correlación de fuerzas ha sido la intervención federal. Esta intervención, a su vez, no se ha hecho siempre con los policías y agentes del ministerio público del propio gobierno federal por la simple y sencilla razón de que carece del número suficiente para hacerlo. Si tuviésemos una policía Federal más vigorosa, seguramente el Presidente no recurriría a las Fuerzas Armadas para esa tarea, pero tal cosa, hoy por hoy,  no existe.  La Policía Federal ronda los 40 mil efectivos y por ello el Ejecutivo descansa en las Fuerzas Armadas.  De allí que sea prioritario dar a las Fuerzas Armadas un límite y una garantía de que su actuación tiene un soporte legal.
 Idealmente el gobierno federal debería combatir el narcotráfico con la policía y la Procuraduría y las entidades federativas y los municipios deberían cumplir con sus funciones, de la misma manera que idealmente no debería haber legislaciones que limitaran  su capacidad endeudarse, pues son entidades soberanas y tienen controles internos que, según la teoría, equilibrarían los abusos. La teoría en la que descansa el pacto federal es que algún día las entidades se harán cargo de su seguridad sin depender del apoyo federal.  Pero hoy por hoy vivimos lejos de la teoría y en la práctica constatamos que las entidades federativas están en una situación contrastante.  La capital, por ejemplo, ha logrado a lo largo de 20 años desarrollar sus capacidades y mantenerse como un gobierno local que puede asumir sus funciones.  Michoacán no ha podido hacerlo, tampoco Guerrero y Tamaulipas. La pregunta es si esas entidades deben intentar seguir  el camino de la capital (Mando único y un incentivo político muy fuerte del  gobierno en turno por la presión que medios y sociedad civil ejerce sobre él) o se deben explorar caminos diferentes. Tengo la convicción de que a este país le falta un vivero de cuadros policíacos que puedan ejercer el mando en las diversas corporaciones y un incentivo político muy potente para que los gobiernos locales hagan su parte, pero mientras esto ocurra me parece muy útil reglamentar el despliegue federal y tipificar en qué momento se altera la seguridad interior.
Hay dos supuestos que me parecen muy poco útiles para avanzar  en la discusión.  El primero es que hay una voluntad por parte de las Fuerzas Armadas de ocupar más espacios.  Simplemente no lo veo. En todos estos años he constatado, por el contrario, que las Fuerzas Armadas están donde son requeridas y suplen las debilidades el gobierno federal primero y de las entidades después. El segundo es que los problemas de este país en materia de violencia se inauguraron cuando Calderón declaró la guerra al narco.  Los problemas de seguridad pública y deterioro institucional en este país tienen muchos más años.  No hay manera de enfrentar un mal tan añejo si suponemos que el origen del mismo es el despliegue federal.  Perdón pero eso no es cierto. Las estructuras criminales en este país controlan desde los años 80 buena parte de las policías y en su momento a la dirección Federal de seguridad, las aduanas y las policías de caminos. El problema de este país es que la criminalidad avanzó de la mano de las agencias del gobierno y las Fuerzas Armadas consiguieron preservarse mucho mejor que el resto de los cuerpos de seguridad, por eso cumplen ahora esta función y no por una voluntad hegemónica.

Analista político.

@leonardocurzio