En el sitio web del Senado de la República se puede leer la convocatoria, fechada apenas el 27 de agosto de 2015, que hace la senadora María Cristina Díaz Salazar del PRI para que el día de hoy las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos presididas por ella, Roberto Gil Zuarth del PAN y Alejandro Encinas del PRD, respectivamente, aprueben el Dictamen por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional relativa al derecho de réplica (“Dictamen”) que ya había sido aprobado en diciembre de 2013 por la Cámara de Diputados. Llevamos ocho años sin que nuestros legisladores nos brinden una ley que desarrolle cómo poder ejercer el derecho de réplica que yace inerte desde 2007 en nuestra Constitución, y ahora pretenden aniquilarlo con este texto; quieren darnos gato por liebre y convertir este baluarte en un derecho “patito”.

El derecho de réplica se refiere a la posibilidad de cualquier persona de acceder a los medios de comunicación, cuando se publique información que considere falsa o incorrecta que afecte su imagen, con el propósito de publicar, difundir o transmitir una respuesta que permita remediar la afectación, o simplemente para explicar el contexto de los hechos según la persona aludida, a fin de que el resto de la sociedad pueda contar con una opinión más informada sobre el tema. Hoy este derecho se ejerce a través de prácticas erráticas que dependen de la voluntad de los medios de comunicación, pero es el Estado el que debe garantizarlo y no lo ha hecho.

Ya advertía yo en mi columna titulada Derecho de réplica patito publicada en este mismo periódico el 9 de diciembre de 2013 (), sobre la irresponsable aprobación del Dictamen en la Cámara de Diputados y sus problemas, que no pretendo reproducir en este texto, y manifestaba mi esperanza en que el Senado la modificara, pero en estas Comisiones Unidas la propuesta es no tocarlo. El texto es malo e implica un retroceso en materia de derecho de réplica: imagínese usted, querido lector, que el afectado de la información difundida estaría obligado a probar su falsedad o inexactitud, así como el agravio que le causa. Además, otorga al medio de comunicación la libertad de considerar si la réplica procede o no, en lugar de establecer la obligatoriedad de su difusión si cumple con los requisitos señalados y sancionar al medio si la réplica no es difundida, de lo contrario se crea un incentivo para que el medio no cumpla de manera espontánea y espere a la determinación del juez. Estos son solo un par de ejemplos que evidencian de qué lado está el Dictamen y algunos de nuestros legisladores: lejos, muy lejos de defender los derechos fundamentales de sus gobernados. De hecho, diversas voces hemos criticado antes este documento, entre otros, la AMEDI; Gabriel Sosa Plata; el senador Javier Corral, del PAN, y el diputado Fernando Belauzarán, del PRD, quien incluso emitió en su momento voto particular sobre el Dictamen y advirtió sobre diversos plazos que, de no corregirse, podrían servir de resquicio para la inaplicación del derecho de réplica.

Pero a esta urgencia de aprobación del proyecto, al que no quieren mover una coma para que no tenga que regresar a una Cámara de Diputados conformada de manera distinta a la que lo avaló en 2013, hay que agregarle lo desprolijo del texto del Dictamen que proponen aprobar hoy a las 9.30 am, pues parece que ni cuenta se ha dado de que ellos mismos abrogaron la Ley Federal de Radio y Televisión que utilizan en el documento como fundamento (páginas 9, 19 y 15) y no tuvieron ni siquiera el cuidado de leer la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que entró en vigor hace más de una año y que SÍ menciona al derecho de réplica. Increíble que legisladores sustenten un proyecto de ley en leyes que ya no existen.

Así se lo digo, mejor que no aprueben ninguna ley, es preferible seguir replicando a voluntad de los medios de comunicación y guardando la esperanza de que quizás, en futuras legislaturas, sus integrantes sí quieran cumplir su mandato y hagan su trabajo correctamente. Por lo pronto, conozca los nombres de las y los senadores que podrían estar aprobando hoy este adefesio. A ellas y ellos, los invito a reflexionar y debatir públicamente sobre este derecho antes de aniquilarlo:

Comisión de Gobernación: María Cristina Díaz (PRI), Héctor Larios (PAN), Armando Ríos Piter (PRD), Carlos Puente (Verde), Omar Fayad (PRI), Ismael Hernández (PRI), Gerardo Sánchez (PRI), Graciela Ortiz (PRI), Fernando Yunes (PAN), Salvador Vega Casillas (PAN), Ángel Benjamín Robles (PRD), Ana Gabriela Guevara (PT).

Comisión de Estudios Legislativos (segunda): Alejandro Encinas (PRD), Ma. Del Pilar Ortega (PAN), René Juárez Cisneros (PRI), Luis Fernando Salazar (PAN).

Comisión de Justicia: Roberto Gil Zuarth (PAN), Ernesto Gándara (PAN), Robles Montoya (PRD), Omar Fayad (PRI), María Cristina Díaz (PRI), Angélica de la Peña Gómez (PRD), Enrique Burgos (PRI), Miguel Romo (PRI), Raúl García (PAN), David Monreal (PT), Dolores Padierna (PRD), José María Martínez (PAN), Carlos Alberto Puente (Verde).

En la sobremesa. Retraso. El viernes en un comunicado conjunto, la SCT y el IFT, anunciaron que siempre no saldrán en agosto las prebases para la licitación de la red compartida mayorista en la banda de 700 MHz. Se entiende que lo sigan analizando, sobre todo porque Mónica Aspe tomó recientemente el relevo de la Subsecretaría de Comunicaciones, lo que no abona a la certidumbre del atropellado tema es que se haya postergado a fecha indefinida. Así, el comunicado concluye diciendo que la publicación de las prebases se hará “en las próximas semanas”.

Noticias MVS. Mi reconocimiento a la imparcialidad, honestidad y valentía de Gabriel Sosa Plata quien concluye hoy su gestión de dos años como ombudsman de Noticias MVS.

Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México.

Este artículo refleja la posición personal de la autora.

Twitter: @soyirenelevy

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