En menos de una semana los medios de comunicación dieron cuenta de dos eventos que exhiben la crisis, ineficacia y corrupción del sistema penitenciario mexicano: la fuga del penal de Culiacán en Sinaloa de por lo menos 5 reos considerados prioritarios por el gobierno federal y las vejaciones a internos del penal de Apodaca en Nuevo León.

Estos dos casos hacen visible lo que en general sabemos sobre las carencias del sistema penitenciario, la falta de cumplimiento de los protocolos de actuación, así como de implementación de las normas, de tolerancia a la colusión o corrupción de las autoridades penitenciarias.

Simplemente consideremos que para que alguien en un penal cabe un túnel, introduzca o saque materiales prohibidos, grabe un vídeo, someta a otro, se requiere que alguien deje de hacer su trabajo de supervisión. Además se requiere que alguien decida ayudar o callar ante el poder de los autogobiernos de los internos y que alguien desvíe los recursos destinados a este sistema para otros fines.

Si en particular vemos los casos referidos, cabe preguntarse: ¿acaso la fuga de Joaquín Guzmán el Chapo -una fuga mundialmente famosa- no le enseñó nada a las autoridades?, ¿las brutalidades hacia los internos de Topo Chico o del penal de Ciudad Victoria del año pasado no generaron recomendaciones y llamados de atención para la autoridad?

Es incuestionable que los centros de readaptación social no están cumpliendo ninguna de sus funciones pues no la permanencia en los mismos no implica una sanción para quien debe ser sancionado; no readaptan positivamente a los sujetos activos de ninguna conducta delictiva; y, por último, no reducen la comisión de ilícitos. Además es necesario considerar que, en muchos casos, en estos no se encuentran privados legalmente de su libertad quienes cometieron un delito.

Si se toma en cuenta la perspectiva de lo que debería de representar este sistema para las víctimas y la sociedad en su conjunto, la prisión como sentencia no está representando el acceso a la justicia ni reparación del daño. Asimismo es pertinente tomar en consideración que tampoco existe evidencia respecto a que una vez que se encuentre encarcelados los delincuentes se implementen protocolos para recabar información con fines de inteligencia para debilitar tanto los recursos como las estructuras de la delincuencia organizada.

Ante el estado que guarda el sistema penitenciario mexicano, es un hecho que realmente nuestras autoridades aparentemente desconocen para qué se requiere dicho sistema, más allá de dar una falsa percepción a la sociedad en relación con que los delincuentes son recluidos y sancionados.

En este tipo de casos como en cualquier otro en donde se identifique un acto de corrupción, se debe sancionar de manera justa y proporcional a todo aquel que sea partícipe de la red que permite la sobrepoblación de los penales; la existencia de autogobiernos; la falta de equipos tecnológicos y tácticos necesarios; la tolerancia tanto a malos tratos como malos sueldos de los servidores públicos -los peor capacitados y pagados de toda la cadena de seguridad y justicia-; la colusión con los reos para que continúen delinquiendo desde los penales. En otras palabras, debe ser sancionado acorde con el Estado de Derecho a todo aquel funcionario que voltea la cara ante la indudable crisis humanitaria que existe en la mayoría de los centros de readaptación social del país y su respectivo significado.

Mientras no exista un proyecto integral en torno al sistema penitenciario, transparencia y rendición de cuentas este continuará inmerso en una crisis que paulatinamente se hará más profunda. Mientras el sistema penitenciario siga en crisis será imposible mejorar las condiciones de seguridad del país.

Para comenzar a atender esta problemática hay que iniciar por hacer cumplir la ley en temas de desarrollo policial, formación, salarios, prestaciones, equipamiento, instalaciones, implementación de protocolos de actuación al tiempo que sancionan realmente a toda la cadena que ha permitido, tolerado o incentivado que lleguemos a donde estamos.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

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