El 25 de mayo de este año el Presidente informó frente a un colectivo de representantes de la comunidad LGTBI, con ocasión del Día Mundial contra la Homofobia, que presentaría una reforma constitucional para que se otorgaran derechos a contraer matrimonio a personas del mismo sexo, con todas sus implicaciones, entre ellas la posibilidad de adoptar niños. Dicha propuesta era congruente con una serie de fallos de la SCJN que respaldaba este derecho en función del concepto de no discriminación del Artículo Primero Constitucional. Esto trajo múltiples reacciones en la sociedad mexicana y fue el detonante de una confrontación inédita. No la voy a describir pues existe bastante información al respecto, me parece más interesante aportar desde una perspectiva antropológica para comprender la visión del mundo y las motivaciones profundas de los actores que confluyen en el cuestionamiento de la propuesta del presidente Peña y el PRI y los fallos de la SCJN.

Una cantidad creciente de los mexicanos son muy tolerantes y parten desde una perspectiva de tolerancia y libre elección, pueden ser creyentes, pero están convencidos de que las acciones privadas de las personas están reservadas a Dios y escapan a cualquier cuestionamiento en este mundo. Este sector tiene dudas en torno a la adopción de niños. En la misma tesitura un sector de los católicos, particularmente los jóvenes, se ubica en las enseñanzas del papa Francisco, en torno a la misericordia y su célebre frase al regreso de Brasil: “Quien soy yo para juzgar a los gays”. Un grupo de los sacerdotes religiosos y monjas católicas consideran que el tema no es relevante y lo señaló con toda claridad el rector de la Universidad Iberoamericana el 16 de agosto en un documento público y ostensiblemente jesuitas, lasallistas y maristas, entre otros no firmaron un documento impulsado por las universidades del Opus Dei y los Legionarios de Cristo, a nombre de la “Comunidad Universitaria”. A los LC les surgió en la Universidad Anahuac un colectivo de alumnos gay que cuestionó la posición homofóbica del mismo.

Los católicos a la mexicana, herederos de una larga tradición histórica de rechazo frontal a la homosexualidad consideran que la legalización de los matrimonios homoparentales lleva al caos social. En su perspectiva están convencidos que el gobierno federal, heredero de los liberales, y la Revolución Mexicana está “contaminado” y es parte de un plan del Anticristo, que odia a los católicos. Los intentos de Peña de congraciarse con este sector casándose en la catedral de Toluca y yendo a comulgar a la Basílica, la recepción de Francisco en Palacio Nacional y otras medidas similares para deslindarse del jacobinismo juarista se han ido por la borda.

En una tesitura similar la mayoría de los evangélicos, cristianos y pentecostales están convencidos que el comportamiento de la Suprema Corte, el presidente Peña y su partido están en un plan satánico, que lleva a legalizar el pecado. En su perspectiva el Plan de Dios es salvar a México del Demonio encarnado en los políticos y los poderosos y son ellos quienes tienen esta misión providencial. En la actualidad y al margen de lo que diga el Inegi los evangélicos son alrededor de 20 millones de personas y son quienes tienen mayores posibilidades de interacción, pues se reúnen al menos 8 horas a la semana. En este caso la mayoría de los jóvenes están de acuerdo en rechazar esta propuesta y su interacción en las redes sociales nos lleva a considerar que la mayoría de los participantes en las marchas serán los evangélicos. Los evangélicos tienen una larga experiencia en marchas y movilizaciones.

La promesa del Presidente y el PRI de que la reforma será suspendida no satisface a quienes la cuestionan, su interés está en que la misma sea retirada, que el Presidente y el PRI den testimonio y se arrepientan públicamente de haberla propuesto y a su vez se dé rango constitucional a la familia natural. El sistema político se encuentra en una encrucijada pues sería la primera vez en la historia del presidencialismo mexicano posrevolucionario que una iniciativa presidencial se cae poniendo así el fin a las llamadas “facultades metaconstitucionales” del Presidente. Desarrollando de esta manera una crisis estructural de proporciones en momentos de suma debilidad del sistema político. En esta perspectiva las negociaciones con los líderes católicos y evangélicos no son viables, pues éstos en sentido estricto no tienen en este caso el poder que presumen sobre sus bases y corren serios riesgos de perder legitimidad si se confrontan con sus correligionarios.

Como sucede en todas las crisis estructurales, el detonante es una situación aparentemente inocua, y considero que el asunto no es entonces una confrontación entre mochos y laicistas, ni que se está resucitando la Cristiada, quienes afirman eso “no entienden que no entienden”.

Profesor emérito de la ENAH-INAH

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