Cierra el año y de nuevo el gran pendiente del Estado mexicano hacia sus ciudadanos sigue siendo la seguridad. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto admitió ese adeudo al decir que su gobierno no está conforme con los resultados, pese a los avances.

Sólo hace falta ver los eventos que marcaron al país en el último año para coincidir con la percepción reflejada en encuestas de que la violencia y el crimen aumentan, aunque las cifras oficiales de homicidio reflejen una disminución continua. Los llamativos ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación, la fuga de El Chapo y el incremento de los asesinatos en Guerrero abonaron a la creencia de que las autoridades carecen de la capacidad para proteger a la sociedad. Son hechos incontrovertibles.

¿Por qué habría de ser tan importante la percepción ciudadana como los datos oficiales? Porque ninguna de las dos mediciones incluyen todas los aristas del problema. Mientras que las encuestas pueden reflejar opiniones exageradas de una realidad no tan cruda, los números gubernamentales toman en cuanta sólo la cifra reportada de denuncias, la cual no incluye, por supuesto, una gran proporción de delitos que nunca son detectados ni mencionados por las víctimas.

Lo cierto es que la gente no exagera sus opiniones por mero gusto. Hay un clima de inseguridad que afecta su vida cotidiana y cuyas consecuencias van más allá de la tranquilidad de las personas o el daño físico a los afectados.

A mediados de este año Gabriela Ramos, representante de la OCDE en México, dijo en entrevista con este diario que uno de los grandes obstáculos para la aplicación de las reformas estructurales —sobre las que el país posa sus esperanzas de crecimiento— era el tema de la seguridad, pues está vinculado con la efectividad de las instituciones públicas. Esa no ha sido la única voz que ha emitido la alerta del lastre que representa el crimen para el desarrollo de México. El subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Robert Rennhack, dijo también a este diario que hay empresas que deben absorber costos ante los riesgos de la delincuencia, lo cual resulta en un freno para la inversión. “Lo que no sabemos es la magnitud del efecto, si es grande o no, y cuánto ha pegado a la economía”. Las cámaras empresariales continúan denunciando, año con año, la fuga de proveedores de empleo ante la imposibilidad de operar en regiones ingobernables de México.

En suma, no hay desarrollo económico o social posible sin tranquilidad en las calles. La seguridad es la prioridad número uno y en el año por venir debe ser tratada como tal.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses