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15 mil delincuentes, ¿seguro, señor Jefe de Gobierno?

La causa de la inseguridad no puede ser por sí mismo el nuevo sistema. En todo caso lo es, la inactividad de las administraciones públicas en su implantación
12/06/2017
14:20
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El pasado 6 de junio el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), con base en un comparativo con el cuatrimestre anterior, identificó que los delitos de acto impacto aumentaron en la Ciudad de México en porcentajes considerables, 81% robo a transeúnte, 75% homicidio culposo, 75% casa habitación, 63% robo a negocio, 63% homicidio doloso y 56% robo con violencia, siendo la Delegación Cuauhtémoc la de mayor incidencia en algunos de estos delitos (El Universal, 7-06-17).
La reacción de las autoridades no se hizo esperar. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México pidió un análisis serio de las cifras y que se hiciera sobre la base de cortes anuales, que es la época con la que se informa al Sistema Nacional de Seguridad Pública y es el periodo para evaluar la tendencia de delitos, mientras que el Secretario de Seguridad Pública destacó que es necesario tener nuevos estándares de medición de los indicadores en materia de seguridad porque la Ciudad de México no es comparable con algunos estados (El Universal, 7-06-17).
Por su parte, el Jefe de Gobierno afirmó que la principal razón del aumento de los índices delictivos es que 15 mil personas que deberían estar en prisión andarán en las calles, 12 mil ya están libres y 3 mil en lo que resta del año, debido a la laxitud de las leyes. La nota es “Más delitos, culpa del nuevo sistema penal” (El Universal, 7-06-17).
Las noticias son un fiel reflejo de tres situaciones que estamos padeciendo los habitantes de la Ciudad de México: una creciente inseguridad –se pueden debatir la relatividad de las cifras y causas- pero esta es una realidad en números absolutos y, en términos optimistas, no se ha reducido; unas autoridades de prevención, disuasión y persecución del delito menos ocupadas en disminuir el índice delictivo y más preocupadas por contrarrestar el impacto negativo en la opinión pública de las declaraciones del ONC, y la pobreza de los diagnósticos de Mancera.
Las dos primeras son graves y pueden convertirse en un círculo vicioso. Algo que pasa y no se quiere ver o algo que pasa y ya se considera tolerable o normal en las circunstancias que vive el país. Mientras no estemos peor que las demás entidades federativas estamos bien o manteniendo o bajando un poco los índices delictivos es suficiente. Eduardo Guerrero, especialista en la materia, alguna vez en una plática comentaba que los fenómenos de inseguridad son como los virus, que se propalan rápidamente, contagian a grandes sectores poblacionales, avisan con ciertos síntomas, como los señalados por la ONC, y luego su erradicación es muy costosa, dolorosa y lenta.
El tercero es preocupante. El actual Jefe de Gobierno era responsable de la seguridad pública y procuración de justicia en la Ciudad de México cuando se debatió, aprobó y comenzó la instrumentación del Nuevo Sistema Penal, que tuvo un periodo de 8 años para que operara en su totalidad. Por lo tanto, sabía que una pieza esencial en este sistema era la capacitación, profesionalización, reestructuración y dignificación (mayores salarios) tanto de la policía como de los ministerios públicos y ahora es el momento de rendir cuentas sobre esa tarea. Por lo visto, en sus propias palabras, son malas por el efecto en la liberación de personas que se encuentran en centros de reclusión.
La causa de la inseguridad no puede ser por sí mismo el nuevo sistema. En todo caso lo es, la inactividad de las administraciones públicas en su implantación que hoy crea una crisis de inseguridad, esperemos que sea superable, pero que no se puede resolver simplemente con una propuesta de cambio legal. El eslabón más débil del sistema son los policías y los ministerios públicos, no los jueces que deben dejar salir de las cárceles a personas que no se les probó fehacientemente su culpabilidad. Ojo, no son delincuentes, todavía, son personas sujetas a proceso hasta que se determine que cometieron un delito. Mantenerlas encarceladas es una injusticia y márcalas con la etiqueta de maleantes es discriminatorio. ¿Delincuentes? ¿Seguro, señor jefe de gobierno? Hay que buscar las causas del aumento de los índices de criminalidad en otro lado y, ahora sí, trabajar en la profesionalización y dignificación de los cuerpos de prevención y persecución del delito.

Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte

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