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México desterrará los flagelos de la corrupción e impunidad, en la medida en que se establezcan mayores controles constitucionales que acoten el ejercicio del poder; es indispensable un efectivo funcionamiento del naciente Sistema Nacional Anticorrupción y el impulso de mejores prácticas gubernamentales. Por eso es positivo que desde la sociedad civil se construya una agenda de cambios fundamentales para el país que corrijan esquemas viciados que obstaculizan su crecimiento.
Un mejor México es posible. No tendríamos por qué resignarnos a ser una sociedad derrotada, a seguir asumiendo el papel de mirones de palo frente al ciclo denuncia-escándalo-olvido que le ha permitido al viejo régimen hacer de las suyas y sus perpetradores caminar tranquilos con su riqueza mal habida. El hartazgo social marcó los procesos electorales de 2016 y 2017. A fuerza de votos, la ciudadanía castigó los excesos de una clase política depredadora, en algunos estados, pero no es suficiente. Los caminos del saqueo de Javier Duarte en Veracruz fueron exhibidos, al igual que los de César Duarte en Chihuahua o Roberto Borge en Quintana Roo. Ninguno ha sido juzgado aún. El peculado deber ser perseguido, el culpable castigado, y los bienes restituidos.
El problema de la corrupción está sobre diagnosticado y sus costos identificados; por eso es tiempo de que los cambios ocurran. Si entendemos que juntos logramos más, que la sociedad en su conjunto debe participar en esta lucha por el cambio, en México no se reeditarán historias como el socavón del Paso Exprés, la Casa Blanca y OHL.
Por ello saludo la iniciativa de la coalición de organizaciones, #VamosPorMás que plantea romper pactos de impunidad, dotar de autonomía e independencia a la Fiscalía General de la República, reformas a leyes de Adquisiciones y Obra Públicas y el retiro del fuero a funcionarios, legisladores y gobernadores, entre algunos de los puntos de su agenda. El reto es grande y el compromiso de la clase política debe ser mayor ante una sociedad que reclama acciones y resultados específicos.
Coincido en que en el ámbito legislativo deben realizarse esfuerzos hasta el último día porque faltan reformas que concretar. El compromiso debe ser claros con las leyes, pero también con las acciones, porque cuando vemos casos como el del socavón del Paso Exprés en Morelos, donde el precio de la obras se elevó a costos por encima de los 140 millones por kilómetro, hace sentido pensar que los moches, los diezmos y las extorsiones en las obras públicas, de los que se escucha murmurar continuamente en los corrillos de las cámaras y de las oficinas gubernamentales, son balas de corrupción que provocan obras de mala calidad y en muchas ocasiones muerte, como las más de 20 personas que perdieron la vida durante la construcción del Paso Exprés. Los últimos dos, como usuarios de la carretera.
Si entendemos que la corrupción no sólo genera desperdicio de recursos, sino que también mata, tendríamos que ser más severos con los castigos. La tragedia en el Paso Exprés en Cuernavaca merece la más profunda investigación para deslindar responsabilidades en todas las irregularidades que ocasionaron el colapso de la obra, que en un país sin impunidad debería llevar a la renuncia del propio secretario de esta dependencia.
En la ruta hacia 2018 es necesario que los partidos políticos y los candidatos independientes, establescan compromisos claros sobre al combate a la corrupción y la impunidad.
Secretaria general del PRD.
@Beatriz_Mojica
